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Ximo Puig bloquea desde hace un año la entrega al Juzgado de la información de las subvenciones a la trama de su hermano

El fiscal del caso solicitó informes sobre las subvenciones que ha recibido cada entidad ante los cuatro tipos de irregularidades que presentan.

El fiscal del caso solicitó informes sobre las subvenciones que ha recibido cada entidad ante los cuatro tipos de irregularidades que presentan.
Ximo Puig | Europa Press

En marzo del año pasado un auto del Juzgado número 4 de Valencia reclamó al Gobierno de Ximo Puig toda la información sobre las "ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión, a la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano en 2015".

La reclamación de información desde el Juzgado no disimulaba el objeto del requerimiento: "La presunta concesión fraudulenta de subvenciones a las empresas Comunicacions Dels Ports (CDP), Mas Mut Producción (MMP) y Canal Maestrat", justo las empresas vinculadas al hermano del presidente Ximo Puig. La respuesta a esta exigencia judicial ha sido fácil de resumir: ninguna. El hermano de Francis Puig no ha remitido aún nada al Juzgado, retrasando el análisis de la documentación y ganando tiempo ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales.

El Juzgado de Instrucción número 4, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, reclamó hace ya caso un año —el 31 de marzo de 2022—, a la Generalidad Valenciana —en concreto a la Intervención de la Generalidad, dependiente de la Consejería de Hacienda— toda la documentación sobre las subvenciones a las empresas del hermano del presidente socialista.

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Hay que recordar que sólo el Gobierno regional de Ximo Puig ha concedido 1,2 millones en subvenciones a las empresas de su hermano Francis y donde han sido enchufados o pagados desde otro hermano —Jordi—, hasta una cuñada —Eva Sariñena— o el mismo padre —Joaquín—. La exmujer de Ximo Puig también ha sido enchufada, pero de esa colocación se encargó otra trama, la del caso Azud y el extesorero del PSOE y cabecilla de ese escándalo, Pepe Cataluña.

El informe de la Policía Judicial (Equipo de Delitos Económicos), encargado de reclamar esta información de Ximo Puig —de forma infructuosa— aseguró ante el Juzgado que "después de examinar la documentación aportada por las empresas y consultas a otros organismos", había detectado "cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las subvenciones efectuada por CDP SA, MMP SL y Canal Maestrat SL".

La primera consistía en "la existencia de facturas (cruzadas) que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería". Así por ejemplo, "en la cuenta justificativa de gastos correspondiente al año 2015, CDP habría adjuntado facturas de MMP cuyo abono no ha quedado acreditado; en la cuenta justificativa de 2015 MMP, ha incluido facturas de CDP, cuyo pago tampoco ha quedado acreditado" y "en los años posteriores (2016, 2017 y 2018), también se incluyen facturas de este tipo, cuyo pago no ha podido ser acreditado". Para colmo, "en las solicitudes de Canal Maestrat "también habría facturas de este tipo, cuyo pago no ha podido ser acreditado, al menos en las solicitudes de 2016, 2017 y 2018". Y, estos hechos, según la Policía, "podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los arts. 392 en relación con art. 390.1.2 Código Penal".

El informe policial insistió en que posibles facturas "respecto de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado, según las bases reguladoras de las ayudas". Y, en el supuesto de que no lo sean, "la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro".

La Policía Judicial constató igualmente "la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalidad Valenciana y las dirigidas a la Generalidad de Cataluña (Departamento de la Presidencia)", debido a que se solicitaba "íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos (gastos del año en curso en la Comunidad Valenciana y del año anterior en Cataluña)".

Y esta acción, señala la Policía, "debe tenerse en cuenta especialmente en el caso de Cataluña, puesto que la justificación de gastos es la del año anterior. Ahora bien, de la compatibilidad expuesta entre ambas subvenciones se deduce que el límite a percibir debe ser el del gasto realizado; por tanto sería preciso determinar en el caso de Cataluña, qué cantidad se ha obtenido en cada expediente y, compararlo con la cuantía obtenida en Valencia, para averiguar el exceso en el gasto acreditado".

Por último, la documentación remitida al Juzgado por la Policía subrayaba "la omisión en la solicitud de que se han recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de las subvenciones recibidas de Cataluña, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior, que también debería ser reconducida a la conducta de falseamiento que exige el fraude de subvenciones".

Por todo y, con esa finalidad, el propio fiscal solicitó que "la Intervención de la Generalidad Valenciana y la Intervención de la Generalidad de Cataluña" realizasen "sendos informes-auditoría, sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades durante el periodo señalado (de 2015 a 2018), teniendo en cuenta la documentación justificativa presentada en ambas Administraciones".

Y, a fecha de ahora, casi un año después, el Juzgado sigue esperando que Ximo Puig envíe la información de las subvenciones concedidas a las empresas de su hermano.

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