La trama de los hermanos de Ximo Puig no deja de crecer. En la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Aragón. Y, precisamente en el territorio del socialista Javier Lambán, han contado con clara ayuda para incrementar sus subvenciones, negocio televisivo con licencias oficiales, implantar minirrevistas plagadas de publicidad institucional y hasta para desarrollar el patrimonio personal. Allí, de hecho, los hermanos del presidente valenciano —sólo su gobierno regional ha concedido 1,2 millones en subvenciones— implantaron un espectacular mecanismo: camuflaron un chalé como sede social y lo costearon con subvenciones.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a esta parte de las subvenciones y al trato recibido por los hermanos de Ximo Puig en Aragón relata la lucrativa peripecia.
Chalet en Teruel
El informe de la Benemérita localizó una "sede social, correspondiendo según consta al n°2 de la calle Nogueretes de la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel)". "En primer lugar", prosigue el informe, "hay que reseñar que en ese número donde supuestamente se encontraría, corresponde a un almacén y una huerta como se reseñó en anteriores diligencias. Esta dirección, según datos aportados por la base del catastro, es propiedad de D.M.C.A. y a J.G.G. al 50% a cada uno". Es decir, que ni siquiera habrían dado bien la dirección.
"El número 4 de la misma calle (dirección que también consta en la factura) como dirección de Jorge [otro hermano de Ximo Puig, más conocido como Jordi Puig], es propiedad del citado, encontrándose empadronado en la misma. Ante la posible existencia de más propiedades cuya titularidad corresponde a Jorge Puig, se consultaron varias bases de datos, constándole en la base del Catastro la vivienda en la citada calle (pese a que en base del Registro de la Propiedad consta el número 2 A y en la del Catastroel 4, tratándose de la misma vivienda según las descripciones del lugar que contienen en ambas bases) y otra en Castellón de la Plana C/ Gran Bretaña 52", destaca la Guardia Civil.
Pero la investigación señala igualmente que "resulta extraño que el Sr. Jorge le cobre el alquiler a la empresa de una propiedad que no es suya". Porque cobraba un alquiler a las empresas de su hermano Francis, gastos que, posteriormente eran cargados a subvenciones públicas.
"Lo antes expuesto se confirma en el contrato de alquiler aportado por la mercantil, en el que tanto al Arrendador (Jorge Puig) como al Arrendatario (Mas Mut Produccions S.L.) les consta el mismo domicilio, no como se hace constar en las facturas presentadas, que constan los números 2 y 4 de la calle Nogueretes. Igualmente, según los datos aportados en la factura, no es posible el hecho de que alquile su propia vivienda, citada con anterioridad, a Mas Mut Produccions S.L., puesto que hace constar en la factura dos domicilios diferentes y no se corresponden estos datos con los obrantes en los contratos firmados entre los mismos intervinientes".
Para colmo, "relativo a estas facturas, la sociedad presentó como justificación para la subvención obtenida del Gobierno de Aragón para el año 2.018 el contrato de alquiler firmado el uno de enero de 2.006, de un local de negocios sito en C/Nogueretes n°2-A de la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel). Recordemos que se trata de una vivienda unifamiliar o una huerta con un almacén donde se aparcan vehículos, según se mire en el catastro o en la base del Registro de la Propiedad".
¿Qué pasó entre 2015 y 2019?
La Guardia Civil llama la atención sobre un factor adicional: "Otro aspecto que produce extrañeza relacionado con el contrato de alquiler, es como se ha indicado con anterioridad, que no existen en los asientos aportados por las entidades bancarias de las cuentas cuya titularidad corresponde a la citada mercantil más pagos por el alquiler del mencionado local desde el 1 enero de 2015 hasta el 1 junio de 2019 (fechas de movimientos que se solicitaron), salvo uno el 12/02/2016 de 1.632,8 con el concepto "Lloguer local 2015 + suministres" y los mencionados con anterioridad para el periodo de enero a octubre de 2017 (recordemos que en el concepto consta alquileres de distintos meses de 2018)".
La Benemérita concluye que "resulta sorprendente que habiendo un contrato de alquiler desde 2006 hasta la actualidad, pese a que con fecha de anterioridad al 1 de enero de 2015 no se pueda comprobar el abono del alquiler del local comercial, al no tener los asientos bancarios correspondientes, que desde ese 1 de enero de 2015 hasta junio de 2019 únicamente se encuentren esos pagos por el alquiler, no encontrándose pagos correspondientes al año 2016, ni a los meses de noviembre o diciembre de 2017, ni al año 2018 ni de enero a junio de 2019". Es más, "hay que recordar lo que se expuso con anterioridad, que la vivienda unifamiliar ni el almacén con el que linda no presenta ningún cartel ni indicador que en esa vivienda se encuentre la sede la citada mercantil".
Traducido: la Guardia Civil tiene la sospecha de que esa casa es un chalé unifamiliar costeado desde la empresa y cargado a subvenciones. Una espectacular forma de combatir el alza de los precios de la vivienda.
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