El Gobierno de Pedro Sánchez sigue permitiendo que las empresas de los hermanos de Ximo Puig contraten con la Administración Pública pese a que han sido calificadas judicialmente como un cártel ilegal. El organismo de Competencia de la Comunidad Valenciana sancionó a estas empresas por ese motivo, las multó y solicitó su prohibición para la contratación pública. Pero esa prohibición debe confirmarla el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, dependiente en última instancia del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma semana se ha confirmado la sanción de Competencia por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y, pese a ello, Montero y Sánchez siguen sin expulsar de los contratos públicos al hermano de Ximo Puig.
El PP valenciano ha anunciado ya que "la sentencia del TSJV va a ser aportada al juzgado de Instrucción nº4 que lleva la causa de las subvenciones y a la Junta de Contratación del Estado". Se trata del caso donde está imputado el hermano de Ximo Puig por recibir subvenciones masivas del Gobierno regional del líder socialista valenciano, y de la Junta que debe confirmar la prohibición de los contratos públicos para el cártel de los Puig.
La popular Eva Ortiz señala que "de nuevo se vuelve a confirmar que se trata de un cártel, liderado por Francis Puig, para cazar contratos y subvenciones del Consell que preside su hermano". La diputada popular, de hecho, insta a "Puig a dejar de esconderse, que dé explicaciones inmediatas y que colabore con el juzgado y aporte la información solicitada para conocer toda la verdad".
Desde el PP recuerdan, además, que "a estas empresas, a pesar de reconocerse en sede judicial que no han justificado bien las ayudas, el Consell de Puig no les ha pedido el reintegro de la subvenciones pagadas con el dinero de todos los valencianos". Eva Ortiz subraya que "a pesar de estar imputado, las empresas del hermano de Puig han seguido recibiendo subvenciones del Consell que preside su hermano. No hay ningún tipo de pudor por ninguna de las dos partes".
Lo cierto es que el escándalo de Ximo Puig no es en absoluto una cuestión ajena al Gobierno de Pedro Sánchez. Las maniobras de los hermanos de Ximo Puig llegaron a tal punto que el propio organismo de Competencia de la Comunidad Valenciana intervino y sancionó a las empresas de la familia del presidente regional por utilizar un cártel para lograr más dinero público a través de los contratos de la televisión pública valenciana (A Punt). Ahora la Justicia lo ha confirmado rechazando el recurso del hermano. Pero, pese a ello, el permisivismo de Sánchez sigue sin cambios.
El informe de Competencia confirmado ahora por el TSJV declaraba abiertamente hace ya más de dos años la ilegalidad de las prácticas de los Puig y remitió su propuesta de sanción al Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, para que confirmara el castigo y excluyera de los contratos públicos a las empresas en cuestión. El Ministerio de Hacienda debía haber resuelto ese expediente de inmediato y haber sacado, por lo tanto, de la contratación con organismos públicos a las empresas de los hermanos de Ximo Puig. Pero el expediente sigue congelado, incluso tras la sentencia judicial. Bloqueado. Y las empresas familiares de los Puig, gracias a ello, han seguido consiguiendo contratos de los organismos públicos del Gobierno de Ximo Puig. Uno de los últimos de estos contratos apenas cuenta con unos meses de antigüedad: fue con la misma televisión pública y ha engordado las arcas del entramado familiar en otros 120.000 euros.