En la Comunidad Valenciana, territorio donde más campaña hizo el PSOE afirmando que el PP tenía que prescindir de todo candidato imputado, Ximo Puig va a presentar a las elecciones locales a todo un dream team: dos candidatos imputados y uno directamente condenado.
El primero de ello es Antonio López Alcalde, candidato a Benejúzar. Está imputado. Su nombre completo es Antonio Miguel López Arenas, es el teniente alcalde de Benejúzar y diputado provincial del PSPV. Fue alcalde durante los dos primeros años del presente mandato local, pero cedió su puesto por uno de los pactos municipales de turno de alcaldes con Ciudadanos. López Arenas se encuentra en condición de "investigado" por presunta prevaricación administrativa. La investigación del caso tiene que aclarar lo ocurrido en la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, propiedad de un familiar directo del entonces alcalde López Arenas. Los hechos fueron trasladados a la Fiscalía Anticorrupción por el PP local.
El segundo miembro de este peculiar dream team es José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos. Sobre él pesa la imputación por presunta comisión de hasta cinco delitos: tres de prevaricación, uno de cohecho y otro de acoso laboral a un funcionario. El caso se encuentra en la Sección VII de la Audiencia Provincial de Alicante, que desestimó en siete autos los distintos recursos planteados por Butrón, la teniente alcalde, Rosa Belén Juárez, y dos funcionarios. La denuncia fue interpuesta por el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento. Según el juez, "no cabe duda de que obran en la causa indicios suficientes de su participación (del alcalde) en la actividad delictiva a través de las diligencias practicadas, y en especial de la documental unida a las actuaciones y declaraciones, que justifican el auto de procesamiento".
El tercero de esta lista de socialistas con cartel electoral más que delicado es Luis Vicente Mateo. En este caso no se trata de un imputado. Directamente es un condenado. Él es el alcalde de Benferri. Está condenado a 4 meses de cárcel e indemnización de más de 40.000 euros por acoso laboral al secretario-interventor del Ayuntamiento. La pena incluía la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. La indemnización al afectado se elevaba, en concreto, a 38.660,80 euros por los días de curación y a 3.914,74 euros por las secuelas.
Hay que recordar que Ximo Puig ha tomado la decisión de presentar a estos tres candidatos teniendo él mismo una situación en materia de casos de corrupción un tanto delicada. Ximo Puig no está imputado, pero sí su hermano por el caso Subvenciones -1,2 millones en subvenciones oficiales entregadas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus hermanos y hasta dos millones contando con las ayudas públicas del Gobierno socialista de Aragón y del separatista de Cataluña. Todo ello sin contar con el caso Azud -donde la trama B pagó gastos de campaña en primarias del propio Ximo Puig- y sus conexiones con el caso Acuamed.
De hecho, Ximo Puig se enfrenta ahora a una nueva denuncia por los contratos públicos concedidos a sus hermanos. En esta ocasión se trata de los trabajos facturados por las empresa de la familia Puig al Ayuntamiento de Morella, del que fue alcalde el actual presidente regional de la Comunidad Valenciana. Se trata de un total de 547 facturas por un valor total de 369.637€, tal y como ya ha publicado Libertad Digital.