La Guardia Civil ha dejado constancia de un hecho llamativo en uno de sus últimos informes relativos a la investigación del caso Subvenciones. Se trata del caso por la lluvia de ayudas públicas concedidas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus propios hermanos: más de 1,2 millones de euros. Y la Guardia Civil ha reseñado que ha habido —y sigue habiendo— claras dificultades para acceder a la información de la red de empresas porque "alguna ha sufrido ataques informáticos", a otras "se les ha reiterado la solicitud de información al no haber contestado hasta el momento" y otras, directamente, figuran cerradas. Traducido: unas por haber tenido "ataques" y otras sin ataques, lo cierto es que la entrega de la información es muy deficitaria por parte del entorno de los Puig.
El informe de la Guardia Civil señala que "las mercantiles […] que tienen su razón social en distintas localidades de diferentes provincias" hasta el momento no han remitido "la totalidad de las contestaciones". Y "esto es debido a diferentes motivos como son el tiempo transcurrido entre los hechos investigados, encontrándonos con sociedades que se han extinguido; otras mercantiles que no tienen acceso a los datos requeridos; alguna que ha sufrido ataques informáticos y van recuperando la información interesada con lentitud debido al enorme volumen comercial de esas sociedades y otras a las que se les ha reiterado la solicitud de información al no haber contestado hasta el momento".
Todo un repertorio de causas para un mismo fin: no haber remitido la información reclamada en la investigación. "Por todo ello se está recopilando la totalidad de la información", pero no está resultando fácil ni mucho menos.
Duplicidades en los justificantes de gastos
Entre la información que se reclamaba se encontraba el detalle de "los proveedores que han emitido las facturas para acreditar la realidad de los servicios prestados". Un dato primordial para saber si se han justificado gastos reales para cobrar las subvenciones o se trata de gastos inflados o inventados. Por el momento hay que recordar que el hermano ya imputado de Ximo Puig, Francis Puig, ha reconocido que remitieron los mismos gastos a distintas administraciones, es decir, que duplicaron el uso de los justificantes de gastos. Ahora falta saber si, además, fueron gastos inflados o inventados.
Pero, sea como sea, la tónica de este caso parece ser la de un permanente bombardeo de causas para justificar un mismo resultado: que la información de los negocios y subvenciones logrados por los Puig y concedidos por uno de lo Puig —Ximo Puig— no llega a la sede judicial.
Más de un año incumpliendo reclamaciones de la Justicia
Hay que recordar que el pasado 31 de marzo Ximo Puig cumplió su primer año de bloqueo oficial al envío de la información reclamada por la Justicia a él mismo relativa a las subvenciones dadas por su Gobierno a las sociedades de su hermano. Un año entero de incumplir con la exigencia de remitir los detalles de unas ayudas públicas valencianas que, sumadas a las entregadas por el Gobierno socialista de Aragón y la Generalidad catalana superan los dos millones de euros.
La fecha de esa vulneración fue el 31 de marzo. Ese día se cumplió un año clavado desde que el Juzgado de Instrucción numero 4 de Valencia que lleva el caso de las subvenciones a las empresas del hermano de Ximo Puig solicitará a la Intervención General de la Generalidad Valenciana documentación sobre las facturas que se presentaron en su momento para justificar las diferentes ayudas públicas. Se trata de la misma información que se le pidió a la Intervención de Cataluña. Y ninguna de las dos ha cumplido con la exigencia en este largo año. Y se trata de una información fundamental porque ambas intervenciones tienen que determinar si las subvenciones fueron debidamente justificadas. La información cobra aún más importancia a la luz de las declaraciones del hermano de Ximo Puig, Francis, en sede judicial, donde admitió que se habían presentado facturas erróneas o duplicadas entre distintas administraciones.