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Ximo Puig no renunciará a su coche oficial de expresidente valenciano ni siendo senador en Madrid

El líder de los socialistas valencianos derrotado el 28M se acogerá al Estatuto de los Expresidentes aprobado en 2002.

El líder de los socialistas valencianos derrotado el 28M se acogerá al Estatuto de los Expresidentes aprobado en 2002.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. | EFE/Biel Aliño

Ximo Puig, el hombre que quedará en la memoria de los valencianos como el presidente regional que entregó 1,2 millones de la Generalidad a sus hermanos por medio de subvenciones, no sólo hará uso de la normativa que le permite acceder al coche oficial de expresidente. Es que, además, lo mantendrá incluso siendo senador en Madrid.

Ximo Puig ha aparecido en los titulares del caso Azud porque parte de sus gastos de campaña en primarias fueron asumidos por las empresas de la trama de presunta corrupción del PSOE. Ha saltado a las portadas porque sus hermanos han logrado 2 millones en subvenciones, haciendo uso incluso de gastos duplicados, y, de ellos, 1,2 proceden directamente de las arcas del Gobierno regional que comandaba hasta hace nada el socialista. Y ha logrado que Sánchez no inhabilite a las empresas de sus hermanos para la contratación pública pese a la exigencia de Competencia de la Comunidad Valenciana, que ha llegado a calificar de cártel a las sociedades familiares de los Puig.

Pues bien, con esos precedentes, el líder del PSPV-PSOE y recién derrotado en las elecciones del 28-M se piensa acoger al Estatuto de los Expresidentes aprobado en 2002 para poder hacer uso del coche oficial y más derechos recogidos en ese texto.

Ximo Puig no reclamará los derechos de esa norma, eso sí, para exigir su incorporación al Consejo Jurídico Consultivo (CJC). Pero no lo hará porque su objetivo es ser senador.

Hay que recordar que el Estatuto de los Expresidentes mencionado regula el acceso de los antiguos cargos como Ximo Puig a los medios necesarios para poder contar con una oficina de apoyo que incluye dos asesores y un conductor. Todo ello se jalona con local "adecuado" para poder desarrollar ese trabajo de oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento y el famoso vehículo oficial dependiente del parque móvil de la Generalidad Valenciana. Por supuesto, además de los escoltas que se consideren necesarios por motivos de protección personal.

Por el momento, Ximo Puig ha recogido ya su acta como diputado autonómico pero ha mostrado abiertamente su interés por la entrada en el Senado como silla de designación territorial.

Bloqueo de la información

Hay que recordar que una de las últimas noticias que se ha conocido sobre Ximo Puig hacía referencia a una denuncia judicial interpuesta por el PP para reclamar toda la documentación en manos del Gobierno central. Una denuncia que ha chocado durante meses con diversos obstáculos políticos, hasta el punto de que las empresas de los hermanos del expresidente de la Comunidad Valenciana siguen contratando con la Administración pese a existir ya una resolución de Competencia que los califica de cártel. Y, por fin, una sentencia acaba de exigir el desbloqueo de toda esa información, por lo que Sánchez deberá dejar de tapar a los Puig.

Ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº5 de Valencia el que acaba de recordar en una reciente sentencia que "la parte actora" —el PP— había solicitado "que se dictase sentencia por la que se declare la disconformidad a derecho del acto impugnado, reconociendo su derecho a obtener el acceso a la documentación solicitada por el cauce parlamentario". "Este derecho se encontraría recogido en el derecho positivo autonómico valenciano y en particular en el artículo 12 del reglamento de Las Cortes Valencianas que en su apartado primero establece la facultad de los parlamentarios de recabar los datos e informes y documentos administrativos de las administraciones públicas y de la diversas instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes", añade. Y por eso el PP sostuvo "que no puede negarse el acceso a la información solicitada, considerando la denegación por parte de la Administración del Estado contraria a derecho y una vulneración de la prerrogativa parlamentaria y del derecho fundamental a la participación política".

Pues bien, la sentencia, efectivamente, "estima el presente recurso, declarando la nulidad de la resolución recurrida pues el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, reconociendo el derecho de doña Eva Ortiz Viella a obtener el acceso a la documentación solicitada por el cauce parlamentario". Eva Ortiz es la responsable del PP que está llevando la batalla judicial por recuperar el dinero repartido en subvenciones y contratos por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus hermanos.

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