La consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha asegurado que la infrafinanciación crónica que padece la Comunidad Valenciana desde hace al menos veinte años, unida al coste de la deuda por la subida de los tipos de interés, "deja muy poco margen" a la Generalidad para impulsar políticas productivas. Esto se debe a que el 93% de los recursos que recibe del Estado se destinan directamente a atender la financiación de los servicios públicos esenciales.
"El retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica es una injusticia que se ha convertido en habitual para los ciudadanos de la Comunidad, una injusticia que no entendemos y que vivimos con preocupación porque no vemos reacción por parte del Gobierno de España", lamentó la responsable de Hacienda.
Merino se pronunció en este sentido durante su intervención en el coloquio ‘Hacia una financiación justa y equitativa que apoye al sistema productivo’, junto a Salvador Navarro, presidente de la CEV; Francisco Pérez, director de investigación del Instituto valenciano de investigaciones económicas (Ivie); moderada por Amadeo Fuenmayor, catedrático emérito de la Universidad de Valencia.
Incumplimiento de la Constitución
La consejera de Hacienda destacó que el hecho de que la Comunidad Valenciana haya estado durante los dos últimos años ocho puntos por debajo de la media de CCAA de régimen común en financiación efectiva por habitante ajustado supone una merma de recursos para los ciudadanos de la Comunidad y "un claro incumplimiento fundamental de la Constitución que es el de la igualdad entre los españoles".
En su opinión, la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana hace "muy difícil" poder cumplir con lo que se exige a las CCAA el artículo 135 de la Constitución, que obliga a las todas las Administraciones públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
Deuda de 55.000 millones
En ese sentido, recordó que la deuda de la Comunidad Valenciana supera los 55.000 millones, "un nivel desorbitado que nos hace sufrir una subida de los intereses en comparación con el 2023 de casi 500 millones de euros más". En concreto, el coste de la deuda por la subida de los tipos de interés este año alcanzará los 970 millones de euros para la Generalidad, un 112% más que en 2023. "Con esos más de 900 millones de euros podríamos hacer muchísimas cosas", lamentaba Ruth Merino.
Además, la responsable de las finanzas autonómicas insiste en que quien debe "liderar" la reforma es la ministra de Hacienda María Jesús Montero y lamenta que "mientras persista esa cerrazón con excusas como que los partidos y las CCAA no nos ponemos de acuerdo, no se va a dar el primer paso".
Frente a ello, Merino asegura que el Consejo sí está ejercitando su "parte de responsabilidad" con medidas para que la gestión de los recursos sea lo más eficiente posible y reducir así el déficit y la deuda que no depende de la infrafinanciación.
"Estamos dando pasos para que la Comunidad sea atractiva a las inversiones mientras seguimos reivindicando de forma firme, insistente y sin complejos la reforma del modelo de financiación que permita que los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda", ha reiterado Merino.