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Comunidad Valenciana

Antifraude denuncia el rápido ascenso del subdelegado del Gobierno en Valencia y la Fiscalía abre diligencias

Después de la caída del excomisionado por la DANA por falsear su currículum, ahora se investiga el ascenso del subdelegado del grupo C1 al A1.

Después de la caída del excomisionado por la DANA por falsear su currículum, ahora se investiga el ascenso del subdelegado del grupo C1 al A1.
José Rodríguez, segundo por la derecha, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. | EFE

La crisis abierta en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana tras la caída del excomisionado para la DANA por falsear su currículum continúa. Ahora el foco apunta al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, número dos de Pilar Bernabé, cuyo ascenso a la máxima categoría funcionarial está bajo investigación.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias penales tras la denuncia de "irregularidades" presentada por la Agencia Valenciana Antifraude.

El Ministerio Público ha reclamado el expediente íntegro de su nombramiento como técnico de la Administración General Grupo A1 Nivel 26, la categoría que le abrió la puerta a su designación como subdelegado en febrero de 2024.

Según la documentación analizada por Antifraude, el ahora alto cargo habría ascendido directamente del subgrupo C1 al A1, un salto que la normativa no permite mediante promoción interna vertical "per saltum".

La Agencia Antifraude ya investigó su promoción en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y señaló una posible "infracción de la normativa reguladora del acceso al empleo público". Es más, advirtió de un posible "supuesto de fraude o corrupción en un caso de gestión de recursos humanos", al considerar que el consistorio, gobernado por el socialista Pere Joan Antoni Chordá, habría hecho caso omiso a sus peticiones para revisar el procedimiento y el nombramiento.

Rodríguez Jurado, graduado en Derecho, obtuvo plaza como funcionario en 2009 en ese mismo ayuntamiento dentro del Cuerpo Administrativo (C1), y en marzo de 2023 pasó a figurar como funcionario de carrera del Cuerpo Superior Técnico de Administración General (A1), apenas unos meses antes de su salto a la Subdelegación del Gobierno. Para Antifraude, el Ayuntamiento no ha justificado debidamente la legalidad del proceso ni ha aplicado las recomendaciones formuladas.

Desde la Delegación del Gobierno han evitado ofrecer explicaciones, mientras el PP exige responsabilidades políticas por lo que considera un nuevo caso de "amiguismo y abuso de poder" en la estructura territorial del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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