La consejera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana, Elena Albalat, ha advertido este viernes que la Generalitat no va a aceptar lo que considera "imposiciones" del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. En concreto, se refiere a la política de acogida de menores extranjeros no acompañados, denunciando que la Administración central carece de una estrategia migratoria "seria" y actúa sistemáticamente "sin diálogo, sin planificación y al margen de las comunidades autónomas".
Las declaraciones de la responsable autonómica se producen después de conocerse que el Ministerio de Juventud e Infancia planea aumentar la capacidad ordinaria del sistema de acogida autonómico, elevando la cifra nacional de 16.016 a 17.081 plazas. Este incremento estaba previsto en un borrador de real decreto que iba a debatirse el pasado miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia. Sin embargo, dicha reunión fue suspendida por falta de cuórum, dada la ausencia en bloque de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, con las únicas excepciones de Ceuta y Canarias.
En virtud de este nuevo plan gubernamental, a la Comunidad Valenciana le correspondería asumir un total de 1.903 plazas, convirtiéndose en la cuarta región con mayor volumen de acogida. Ante esta situación, Albalat justificó su rechazo a participar en el encuentro del miércoles argumentando que se trataba de una "convocatoria ilegal". De hecho, el Gobierno regional impugnó formalmente el orden del día, advirtiendo de que cualquier decisión adoptada carecería de validez legal por la omisión de los procedimientos esenciales que rigen la formación de voluntad de los órganos colegiados.
Para la dirigente valenciana, el intento del Gobierno de España de asignar esta cuota adicional a su región constituye una medida "arbitraria, improvisada y completamente alejada de la realidad de su sistema de protección". A su juicio, el documento propuesto por el Ejecutivo "nace del fracaso" de una reunión convocada sin el necesario consenso, adoleciendo de transparencia y de rigor técnico. Además, subraya que la capacidad de reparto estipulada ignora por completo las circunstancias reales de los recursos sociales disponibles sobre el terreno.
La consejera ha hecho especial hincapié en que esta imposición agrava la elevada tensión que ya soporta la red de atención a menores en el territorio valenciano. Asumir semejante volumen de traslados sin contar con infraestructuras adecuadas ni dotación adicional de recursos, según advierte, compromete severamente "la calidad de la atención y el interés superior del menor". En este sentido, ha exigido al Gobierno central un "cambio urgente de rumbo" hacia una política migratoria seria y coordinada, rechazando las decisiones discrecionales que, en su opinión, asfixian a unas comunidades frente a otras y vulneran el principio de autonomía política.