LD (Agencias) Las emisiones de la cadena Retequattro –una de las tres del grupo Mediaset, propiedad del primer ministro– tendrían que haber pasado a realizarse vía satélite a partir del próximo 1 de enero, pero por ahora podrán seguir haciéndolo de forma analógica y continuar con sus actuales ingresos por la publicidad.
El ministro para las Comunicaciones, Maurizio Gasparri (Alianza Nacional), explicó que la Autoridad del sector examinará la situación antes de finales de abril para verificar si Retequattro viola la actual normativa sobre la red analógica.
Uno de los argumentos que se esgrime para mantener por decreto la continuidad en el sistema analógico de Retequattro es que, en caso contrario, se pondría en peligro el puesto de trabajo de sus 1.000 trabajadores.
El presidente de la República se negó a salvar a Retequattro
La decisión tomada por el Consejo de Ministros "salva" a la emisora después de que el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, decidiera la semana pasada no firmar la nueva ley sobre el sistema televisivo y la devolviera al Parlamento. Ciampi criticaba que la nueva normativa –conocida como "Ley Gasparri"– consagraba "posiciones dominantes" en el sector y contradecía diversas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la defensa del pluralismo informativo.
El propio Tribunal Constitucional había obligado a Retequattro a emitir vía satélite a partir del 1 de enero de 2004 para evitar la actual situación de concentración en manos del grupo Mediaset, que cuenta también con las emisoras Canale 5 e Italia 1. En la normativa, que ahora debe rehacer el Parlamento tras ser rechazada del presidente de la República, se evitaba esta sentencia al hacer extensivo a todas las televisiones la emisión obligatoria en sistema digital a partir de 2006.
Desde el primer momento Berlusconi había señalado que su Ejecutivo prepararía un decreto especial para evitar el cierre de Retequattro -casi inevitable por la pérdida de audiencia y publicidad-, en la que trabajan más de mil empleados. Paralelamente, la normativa también permite que la emisora estatal RAI-3 pueda seguir recibiendo publicidad, en contra de lo decidido por otra sentencia del Constitucional.