L D (EFE) El Gobierno prevé la utilización de grúas de los ayuntamientos, de los bomberos y del propio Ejército, si ello minimiza los efectos de la huelga de operadores de grúas, en conflicto con la patronal de seguros Unespa. Este miércoles, ambas partes se reunieron al amparo de la Dirección General de Tráfico, pero sólo para analizar el plan especial de prevención elaborado por el Gobierno.
En este contexto, el Ejecutivo hizo un llamamiento a las partes en conflicto y reclamó que la resolución de sus diferencias no ponga en riesgo la seguridad vial. A través de un comunicado, el Gobierno recalcó que tiene la voluntad de asegurar la libre circulación por las carreteras "en condiciones de seguridad para todos". Para ello prevé movilizar todos los recursos disponibles en las administraciones civil y militar, y se ha coordinado con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se dirigió por carta a los presidentes autonómicos para coordinar sus actuaciones y evitar problemas en vísperas de la Operación Retorno de vacaciones, en la que se esperan entre 5 y 6 millones de desplazamientos. El plan diseñado por el Gobierno prevé la intervención, en caso extremo, de grúas municipales, de los bomberos e incluso del Ejército.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, dijo que la DGT tiene a su disposición unas 180 grúas del Ejército que podrían ser utilizadas si proliferan los vehículos averiados en las carreteras. Pero el ministro de Defensa, José Bono, afirmó que a su departamento no le corresponde resolver el conflicto entre las grúas y las aseguradoras, pero señaló que el Ejército dispone de "medios suficientes para las eventualidades que se consideren con carácter excepcional".