L D (EFE) En un comunicado difundido este miércoles, la UPGC discrepa de que sea la propia Dirección General de la Guardia Civil, muy especialmente la Comandancia de Gijón, la que investigue esta trama, y dice que no debería limitarse a Asturias, sino ampliarse a todo el territorio nacional, abriendo distintas vías de investigación sobre el origen de los explosivos, y haciendo hincapié en la financiación, logística, control de confidentes o una posible descoordinación policial.
Subraya que estas investigaciones deberían ser realizadas por el Ministerio y añade que tendrían que ir encaminadas a averiguar "los fallos detectados en materia de seguridad ciudadana, abarcando no sólo a la Guardia Civil".
"Esta investigación exige la creación de una comisión 'ad hoc', formada por expertos independientes que con criterios multidisciplinarios, imparciales y transparentes tengan como único fin conocer profundamente los fallos habidos en materia de seguridad y de esta forma articular los mecanismos para que al menos estos errores no vuelvan a producirse", añade la nota.
Para esta asociación, resulta "inconcebible –de ser cierto lo que publican algunos medios de comunicación social– que en el curso de la llamada 'Operación Pipol', desarrollada por la Policía, no se hubieran incautado la totalidad de los explosivos que al parecer se encontraban en poder de los detenidos en dicha actuación policial". La UPGC no comprende cómo, tras la aparición en el registro efectuado por la Policía de 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores eléctricos de diferentes calibres, "no se informase de este hallazgo a la Guardia Civil, bien por el propio Cuerpo, Autoridad Judicial o Delegación del Gobierno, puesto que la Benemérita tiene asumidas en exclusiva las competencias en materia de armas y explosivos". Precisamente, este miércoles La Nueva España informa de que la Operación Pipol ha llegado a la Audiencia Provincial tres años y medio después de que se iniciase la tramitación del sumario.
En el comunicado la UPGC también se refiere a las declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el pasado lunes en la Comisión del 11-M, y le agradece que "se respete el trabajo de la gran mayoría de los agentes que integran las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la lucha diaria contra la delincuencia y el terrorismo".
Sin embargo, afirma que a Aznar le faltó "una profunda autocrítica" en lo relativo al nombramiento de cargos políticos con responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, ya que, a su juicio, "son los responsables de la coordinación policial entre las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado".
Subraya que estas investigaciones deberían ser realizadas por el Ministerio y añade que tendrían que ir encaminadas a averiguar "los fallos detectados en materia de seguridad ciudadana, abarcando no sólo a la Guardia Civil".
"Esta investigación exige la creación de una comisión 'ad hoc', formada por expertos independientes que con criterios multidisciplinarios, imparciales y transparentes tengan como único fin conocer profundamente los fallos habidos en materia de seguridad y de esta forma articular los mecanismos para que al menos estos errores no vuelvan a producirse", añade la nota.
Para esta asociación, resulta "inconcebible –de ser cierto lo que publican algunos medios de comunicación social– que en el curso de la llamada 'Operación Pipol', desarrollada por la Policía, no se hubieran incautado la totalidad de los explosivos que al parecer se encontraban en poder de los detenidos en dicha actuación policial". La UPGC no comprende cómo, tras la aparición en el registro efectuado por la Policía de 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores eléctricos de diferentes calibres, "no se informase de este hallazgo a la Guardia Civil, bien por el propio Cuerpo, Autoridad Judicial o Delegación del Gobierno, puesto que la Benemérita tiene asumidas en exclusiva las competencias en materia de armas y explosivos". Precisamente, este miércoles La Nueva España informa de que la Operación Pipol ha llegado a la Audiencia Provincial tres años y medio después de que se iniciase la tramitación del sumario.
En el comunicado la UPGC también se refiere a las declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el pasado lunes en la Comisión del 11-M, y le agradece que "se respete el trabajo de la gran mayoría de los agentes que integran las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la lucha diaria contra la delincuencia y el terrorismo".
Sin embargo, afirma que a Aznar le faltó "una profunda autocrítica" en lo relativo al nombramiento de cargos políticos con responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, ya que, a su juicio, "son los responsables de la coordinación policial entre las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado".