La Fiscalía Anticorrupción salió al paso de las informaciones que señalan que el primer instructor del "caso "Gürtel", el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, podría haber descartado determinadas grabaciones a los integrantes de la trama corrupta que exculparían al presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, al asegurar que éste se pagó sus trajes.
En un comunicado remitido este lunes, el Ministerio público califica de "injustificado y no tolerable" afirmar que las fiscales del caso han separado de las comunicaciones intervenidas algún fragmento para perjudicar el derecho de defensa de Camps. La frase que se publica –atribuida al número dos de la trama, Pablo Crespo– "ha sido sacada del contexto de un total de once folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado en algunas informaciones", según la Fiscalía
Por ello, Anticorrupción solicitó el desglose íntegro de la referida conversación" para proteger el derecho de defensa de los imputados, todos distintos del antes mencionado, solicitud que fue acordada por el magistrado instructor" del caso.
La Fiscalía General del Estado justificó la difusión de esta nota de prensa en el "deber de informar a la opinión pública y el hecho de que, en relación con el proceso conocido como "caso Gürtel", se hayan venido produciendo últimamente declaraciones incorrectas, hace necesario poner de manifiesto una vez más que el Ministerio Fiscal, a través de cualquiera de sus representantes y, en concreto, la Fiscalía Especial Anticorrupción, se sujeta al más estricto respeto de la legalidad y su defensa".
En cuanto a las grabaciones realizadas a algunos imputados y a sus abogados en prisión, la Fiscalía defiende que se han utilizando "con excepcionalidad y prudencia", por tiempo limitado y bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencial. "En todo caso, el Ministerio Fiscal ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos", insiste el Ministerio Público.
Añade que la mencionada legalidad, proporcionalidad y adecuación de las mencionadas intervenciones "se sostendrán con las razones de la dialéctica del Derecho en los recursos que las partes o el Fiscal utilicen ante los órganos judiciales".
La Fiscalía subraya que los hechos que fundaron las intervenciones en prisión y el derecho que se invocó "ponen de manifiesto que no se obró con gratuidad o arbitrariedad" y agrega que "el Fiscal veló, en los términos que le corresponden, para que no quedara en la causa rastro alguno de lo que pudiera perturbar el derecho de defensa". "Será ante los Tribunales donde los representantes del Ministerio Fiscal, con hechos y derecho que tienen ahí su adecuado eco, podrá desarrollar cuanto aquí se expone sobre el fundamento de la exclusión de dicha conversación, en defensa de la legalidad y del interés público", finaliza el comunicado.
Respuesta del PP
El Partido Popular ha respondido a la Fiscalía con otro comunicado que reproducimos íntegramente a continuación:
1. El Partido Popular vuelve a denunciar las reiteradas incomparecencias del Fiscal General del Estado ante el Congreso. El PP no acepta y condena esa práctica de elusión de las responsabilidades a través de notas de prensa y, ante esta incomparecencia, emplaza al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a responder a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Congreso por ser el responsable como órgano de relación del Gobierno con la Fiscalía.
2. Los Fiscales tendrán que explicar ante los Tribunales competentes la inconstitucionalidad, desproporción en las medidas y el sectarismo en la utilización de las pruebas. La Fiscalía ha creado una situación denunciada por el Consejo General de la Abogacía en la que cualquier español sometido a la acusación pública padece una clara inseguridad jurídica respecto de la seguridad de sus comunicaciones con sus abogados.
3. La interceptación de las comunicaciones de los abogados es un grave atentado al Derecho Constitucional de Defensa que no tiene justificación en legalidad ni mandamiento judicial posible. Con ella, se cercenan derechos de los detenidos y la dignidad profesional y el libre ejercicio del defensor.
4. El PP considera que lo correcto para una Fiscalía, incluida la “Fiscalía Anticorrupción”, es respetar la Ley y la verdad objetiva que se deduce de las pruebas del proceso. En consecuencia, ignorar declaraciones de cargo exculpatorias y sostener esta acusación durante seis meses sin tenerlas en cuenta es especialmente grave, al igual que acusar a sabiendas de que existen pruebas que benefician al acusado y que el acusado no conoce. Lo mismo que formular luego recurso de casación es una gravísima irregularidad que no se resuelve con notas de prensa. Las conversaciones a las que alude la Fiscalía no fueron apartadas del procedimiento ni tenidas en cuenta por la Fiscalía. Que siguen vivas en el sumario y que fueron ignoradas por Anticorrupción es un hecho que se ha conocido con el levantamiento del mismo.