El diputado y portavoz de Interior del PP, dice en un artículo titulado "Caso Faisán: la paz sucia de Zapatero", que el chivatazo a ETA podría ser "penalmente menos grave que el asesinato o el secuestro", en referencia al caso GAL, "pero política y moralmente es tan repudiable como los anteriores".
Por ello, Cosidó considera que "es necesario que la sociedad tome conciencia de la gravedad del denominado caso Faisán", un chivatazo a ETA que califica de "hecho deleznable". "Es el hecho más ignominioso que puede cometer un Gobierno. Es una traición a los miles de policías que han dejado años de su vida –e incluso su vida- luchando contra ETA. Es un atentado a la dignidad de las víctimas que pagaron con su propia sangre la defensa de unos principios y unos valores democráticos. Es una puñalada a la dignidad de toda una sociedad".
Dice el diputado popular que "con el chivatazo a ETA se cometieron no uno, sino varios delitos: revelación de secretos, obstrucción a la Justicia e incluso una posible colaboración con banda armada", por lo que pide a la Audiencia Nacional celeridad para resolver el caso. "Es crucial para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho que estos delitos no queden impunes".
Ignacio Cosidó considera que a Rubalcaba "le falta grandeza política para asumir su propia responsabilidad y marcharse a casa" porque las investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que la "responsabilidad política del ministro no es sólo pasiva, sino que él puede estar también involucrado en la trama política que ordenó el chivatazo". Y que el chivatazo fue un acto político lo demuestra el hecho de que "es un dirigente socialista vasco que ocupaba un alto cargo en el Ministerio del Interior y no un policía" el principal imputado. Cosidó tiene la convicción de que "no existe en España un policía capaz de dar un soplo a los terroristas sino es por una orden política directa".
En su opinión, la motivación del caso Faisán fue totalmente política para "salvar el proceso de negociación del Gobierno con ETA como fuera, a cualquier precio". "De ser esto cierto, y el Gobierno debería aclararlo cuanto antes en el Parlamento, las responsabilidades políticas no se quedarían en el ministro del Interior, sino que abarcarían al propio presidente del Gobierno".