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Internet hace "discriminatoria y obsoleta" la ley electoral

Las empresas que realizan sondeos se quejan de que la actual Ley Electoral que prohíbe la publicación de encuestas en los cinco días previos a unos comicios se ha quedado "obsoleta" y resulta "discriminatoria" en un mundo con internet.

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LD (EFE) Esta crítica ha sido formulada por la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO) que considera que internet ha introducido variantes en la comunicación que deben ser contempladas.

La restricción que impide la "publicación y difusión" de sondeos en los días previos a una cita electoral limita sólo a los medios españoles y no contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan llegar a los sondeos publicados en medios extranjeros a través de internet, opina ANEIMO.

Ya en las últimas elecciones generales aparecieron enlazadas en los medios digitales españoles encuestas publicadas en páginas web de otros países que, según ANEIMO, no suelen llevar la ficha técnica que sí exige la ley para las encuestas españolas, lo que impide distinguir cuáles son fiables y cuáles no.

Con este método, algunos medios españoles hicieron llegar a sus lectores, el pasado mes de marzo, encuestas publicadas en las páginas web de medios extranjeros sobre las elecciones generales.

Esta situación ha provocado la queja de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO) que considera que, al no prever las posibilidades comunicativas que ofrece internet, la Ley Electoral actual se ha quedado "obsoleta".

ANEIMO, asociación que agrupa al 60 por ciento de las empresas españolas de sondeos, ha criticado que la ley resulta discriminatoria no sólo para los medios de comunicación españoles, que ven restringido su derecho a informar, sino también para los ciudadanos que no tienen acceso a internet y para los partidos políticos que no pueden costearse sus propios sondeos.

Esta asociación ya presentó ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre una reforma de ley para acabar con las restricciones en la publicación de encuestas para equiparar la legislación electoral española a la del resto de países de nuestro entorno político, como Francia y Alemania.

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