LD (EFE) La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid ha aprobado este lunes el dictamen propuesto por el PP -que exculpa al Gobierno regional de toda responsabilidad-, frente a los del PSOE e IU, que señalan a Esperanza Aguirre como "máxima" responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.
El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión de tono solemne y tenso, en la que el PSOE e IU han vuelto a criticar el cierre de la comisión. El grupo socialista ha confirmado que pedirá por ello amparo al Tribunal Constitucional y ha dado a sus conclusiones el carácter de "provisionales" por provenir de una comisión "inconclusa".
La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona". También considera que la Comisión de investigación "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País" y "confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".
Además, señala que la estructura y funciones de la Dirección General de Seguridad "son las mismas que puso en marcha el Gobierno de Joaquín Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón, con un proyecto de Seguridad de 2002".
Indica que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento "ni son documentos de la Consejería, ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales", y que "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de la seguridad con décadas de experiencia que así lo han atestiguado". Apunta, también, que "la letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas".
El PSOE, en cambio, recoge en su informe, de 78 folios, que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es la "máxima responsable política del asunto" y considera "responsable directo" al consejero Granados, por lo que exige su "cese inmediato".
Los socialistas se basan en las informaciones de El País, a pesar de haberse demostrado falsos en unos casos y erróneos en otros, y en las declaraciones de las víctimas de espionaje para dar por "acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".
A su juicio, El País aporta "pruebas irrefutables" de que la trama o tramas están "vinculadas a la administración autonómica" y "relacionadas con las peleas internas por el control político o económico del PP". El PSOE reconoce que "queda por acreditar quiénes, con nombres y apellidos, realizaron los actos de intromisión ilegítima en la vida privada y pública de determinados cargos públicos, quién o quiénes lo ordenaron y con qué dinero se financiaron, y si esos fondos eran transparentes o reservados".