LD (EFE) Según publica el rotativo británico Financial Times , la oferta consiste en que todo aquel que confiese haber defraudado al Tesoro quedará "en paz" con Hacienda mediante el pago de una multa equivalente al 10 por ciento del importe evadido.
Por el contrario, aquellos individuos, fondos e instituciones que decidan no acogerse a este plan serán perseguidos por el fisco, que cuenta con el permiso legal para pedir a las entidades que revelen los datos de sus clientes.
La Asociación Británica de Asesores Fiscales (CIOT, sus siglas en inglés), ha recibido con optimismo la medida ya que, a su juicio, permite que m uchas personas "que han incumplido la ley por ignorancia salden sus cuentas con el Estado".
Sin embargo, r eclama al Tesoro que publicite la medida para que todos los británicos sepan de su existencia y "no sólo llegue a los oídos de un sector muy específico, como ocurrió en 2007".
Hace dos años, el Tesoro puso en marcha una medida similar, que no obtuvo el éxito esperado.
Por ello, el fisco inició un proceso legal en el que reclamaba la potestad para exigir a las entidades financieras que revelen los datos de sus clientes para presionar así a los infractores.
Por su parte, el plan propuesto en abril por el Ejecutivo laborista de Gordon Brown para poner fin a estas prácticas ha suscitado una controversia en el Parlamento por su carácter retroactivo. La oposición considera que el plan debe ser reformado y no debe aplicarse hasta que eso ocurra.
En España, en los años ochenta
En España, en los principios de la década de los 80, el entonces "superministro" Miguel Boyer aprobó una medida similar en España. Engañar al fisco había sido un negocio bastante rentable para el contribuyente.
Las sanciones impuestas, cargando un interés del 8%. a la deuda tributaría pendiente -mientras el dinero se compraba en el mercado, con suerte, al 18%-, y las escasas probabilidades de ser cazado -excepto en el caso de los asalariados- favorecían el fraude.
Hacienda disponía de un sistema contradictorio de infracciones que hacía económicamente rentable la conducta infractora; por ello, el comportamiento económico más racional, al margen de consideraciones morales, incitaba a ocultar la verdadera base imponible .
Boyer elaboró un decreto-ley que promovía una ci erta amnistía fiscal para el dinero negro, escondido al fisco a través de los crecientes activos financieros al portador (pagarés, bonos, cédulas hipotecarias, etcétera), todos ellos, públicos y privados, exentos hasta ahora de retención fiscal en el momento de comprarlos
Por el contrario, aquellos individuos, fondos e instituciones que decidan no acogerse a este plan serán perseguidos por el fisco, que cuenta con el permiso legal para pedir a las entidades que revelen los datos de sus clientes.
La Asociación Británica de Asesores Fiscales (CIOT, sus siglas en inglés), ha recibido con optimismo la medida ya que, a su juicio, permite que m uchas personas "que han incumplido la ley por ignorancia salden sus cuentas con el Estado".
Sin embargo, r eclama al Tesoro que publicite la medida para que todos los británicos sepan de su existencia y "no sólo llegue a los oídos de un sector muy específico, como ocurrió en 2007".
Hace dos años, el Tesoro puso en marcha una medida similar, que no obtuvo el éxito esperado.
Por ello, el fisco inició un proceso legal en el que reclamaba la potestad para exigir a las entidades financieras que revelen los datos de sus clientes para presionar así a los infractores.
Por su parte, el plan propuesto en abril por el Ejecutivo laborista de Gordon Brown para poner fin a estas prácticas ha suscitado una controversia en el Parlamento por su carácter retroactivo. La oposición considera que el plan debe ser reformado y no debe aplicarse hasta que eso ocurra.
En España, en los años ochenta
En España, en los principios de la década de los 80, el entonces "superministro" Miguel Boyer aprobó una medida similar en España. Engañar al fisco había sido un negocio bastante rentable para el contribuyente.
Las sanciones impuestas, cargando un interés del 8%. a la deuda tributaría pendiente -mientras el dinero se compraba en el mercado, con suerte, al 18%-, y las escasas probabilidades de ser cazado -excepto en el caso de los asalariados- favorecían el fraude.
Hacienda disponía de un sistema contradictorio de infracciones que hacía económicamente rentable la conducta infractora; por ello, el comportamiento económico más racional, al margen de consideraciones morales, incitaba a ocultar la verdadera base imponible .
Boyer elaboró un decreto-ley que promovía una ci erta amnistía fiscal para el dinero negro, escondido al fisco a través de los crecientes activos financieros al portador (pagarés, bonos, cédulas hipotecarias, etcétera), todos ellos, públicos y privados, exentos hasta ahora de retención fiscal en el momento de comprarlos