"La Unión de Oficiales demanda el reconocimiento de su utilidad en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, al tiempo que exige una normativa moderna y garantista que impida cuestionar la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad Estatales y aporte la necesaria tranquilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos a los que defendemos", señaló en un comunicado.
Tras defender la "auténtica revolución tecnológica" que ha supuesto este sistema de interceptación de comunicaciones que, entre otras funcionalidades permite la ubicación de un terminal telefónico, la UO consideró, no obstante, que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en temas tan importantes y sensibles como el terrorismo no puede quedar ensombrecida por ningún género de duda".
El problema, indicó, surge "cuando la tecnología supera la legislación". En este sentido, recordó que este mismo problema se produjo con el uso de los ficheros de datos hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD), sustituida por la actual L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
"Aunque se trataba de los mismos datos y los mismos ficheros, lo que provocó la aprobación de estas leyes fue la posibilidad del tratamiento automatizado de estos datos, que aumentaba considerablemente la capacidad de gestión de los mismos", indicó.
En el caso de Sitel, recordó, se trata de intervenciones telefónicas con autorización judicial pero con un sistema informático y unas funcionalidades que permiten un tratamiento mucho más potente de los datos, "pero reguladas por una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882 y que, pese a las adaptaciones realizadas, es cuanto menos cuestionable a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos".