El País publicó a principios de 2009 que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre había espiado a Alfredo Prada y Manuel Cobo y probó estas acusaciones con unos supuestos partes de espionajes que por escrito mostraban los movimientos de estos populares.
Estos papeles, que aparecían sin firma ni membrete, se han demostrado en muchas ocasiones erroneos puesto que las descripciones que hacía de los movimientos de los altos cargos del PP en Madrid eran equivocados. El diario de Prisa encargó un examen caligráfico para conocer quien era el autor. Según el periódico, el que lo escribió fue José Manuel Pinto, funcionario de la Dirección General de Seguridad.
Pero cuando comenzó la investigación judicial y la juez ordenó rastrear la localización de su teléfono móvil se demostró que en los días en los que se elaboraron los presuntos partes no estuvo donde se supone que se tomaron las notas.
Sin embargo, la polémica ha saltado por el retraso que está viviendo la investigación de esta supuesta trama de espionaje. La juez Carmen Valcarce imputó al ex director general de Seguridad Sergio Gamón y a tres agentes de la Consejería de Interior.
En este sentido, la juez ordenó un informe sobre posicionamientos de los teléfonos móviles de los investigados así como la toma de muestras de su escritura, para comprobar si coinciden con la de los supuestos partes.
Pero cuatro meses después, la Policía indicó a la juez que dichas muestras eran insuficientes por lo que necesitaría repetirlas. De este modo, esta nueva petición ha indignado a la defensa que considera excesivo cuatro meses para constatar que esas pruebas eran insuficientes.
Así, creen que la actuación de la Policía Judicial ha realizado "una maniobra dilatoria" con el objetivo de dilatar el proceso judicial para que no sea archivado. Fuentes de la Defensa indicaron a El Mundo que la letra no coincide con los escritos por lo que todas las pruebas contra ellos se caerían.