La sentencia del TC sobre el Estatuto podría llegar tras Semana Santa

La información es publicada en términos similares por El Mundo, El País, ABC, La Gaceta y La Razón, que en su mayor parte coinciden en que se ha llegado a un acuerdo que pasaría por declarar inconstitucionales entre 15 y 20 artículos del texto, aunque se daría el sí a la mayor parte del articulado.

Según El País, la sentencia podría contar con el respaldo de todo el "bloque progresista" del tribunal y también con el de uno o dos de los magistrados del "bloque conservador". El Mundo, por el contrario, apuesta por una sentencia que apoyarían tres miembros de cada bloque, mientras que los otros cuatro publicarían votos particulares, los dos progresistas en el sentido de que la sentencia sería demasiado restrictiva y los dos conservadores considerándola excesivamente laxa.

Por su parte, La Gaceta informa de que la sentencia podría eliminar el término nación, aunque otras informaciones se inclinan por apostar que éste se mantendrá y que la mayor parte de los artículos referentes al poder judicial independiente catalán, además se reinterpretarían otros como los relacionados con la financiación. Finalmente, se aceptarían los artículos sobre la lengua, aunque El País también apunta que podría dictarse una reinterpretación en este punto.

Estas informaciones llegan un día antes de que se cumpla el cuarto aniversario de la aprobación del Estatuto el 30 de marzo de 2006, y días después de que el presidente del Gobierno apostase en la televisión pública catalana por la constitucionalidad del texto legal.

Lo más duro, contra el poder judicial catalán

En la información de Casimiro García Abadillo en El Mundo se cuenta que la parte del Estatuto que mayor rechazo ha concitado entre los miembros del Constitucional será, casualmente, la que se refiere al Poder Judicial, cuyos preceptos más importantes serán declarados inconstitucionales.

El TC apostaría claramente por el "principio de unidad jurisdiccional" y por que el CGPJ sea el único órgano de gobierno de los jueces, así como el Tribunal Supremo la última instancia judicial por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También se sometería a una notable revisión todo lo referente a la financiación y la bilateralidad, que pasaría por no declarar inconstitucionales la mayor parte de los artículos, pero sí sometería a una rigurosa "interpretación conforme" que "condiciona su constitucionalidad a la supremacía normativa del Estado".