Según la normativa vigente, una empresa o particular tiene limitados los derechos de voto en función de los estatutos de cada sociedad que cotiza en Bolsa. Tras la reforma, esta barrera desaparecerá, de forma que una acción será igual a un voto, con independencia del capital que se posea de la empresa. En la actualidad Iberdrola y ACS mantienen una batalla por esta cuestión.
La iniciativa está incluida en una enmienda de la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas. El acuerdo también contempla también que las empresas que salgan a Bolsa dispongan además de un tiempo no superior a un año para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones.
CiU busca con estos matices dar traslado a las observaciones formuladas por el Instituto de la Empresa Familiar, mientras que el PSOE afirma que acepta el retraso para no "perjudicar" a las empresas y no "interferir" en sus juntas de accionistas. Así, la enmienda se aplicará un año después de la entrada en vigor del resto de la norma.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ya adelantó este mediodía que la petición de la federación catalana para aplazar un año la entrada en vigor de esta medida "nunca ha supuesto un problema". "Esto de los plazos es una cuestión secundaria y no nos preocupa lo más mínimo, lo sustancial está en la enmienda, que refleja nuestro programa electoral", aseguró.
Sin embargo, e l acuerdo de PSOE y CiU no contará con el respaldo ni del PNV ni del grupo parlamentario que componen ERC, IU e ICV, que votarán en contra en el debate que se está produciendo en estos momentos, mientras que Coalición Canaria se inclinan por la abstención. Por su parte, el PP todavía no ha definido su postura.