Según informa ABC, el Tribunal Supremo ha pedido información al instructor del caso en Madrid, Antonio Pereira, documentación para determinar si el juez se quedó con el caso de forma irregular, saltándose el habitual reparto que decide por sorteo qué magistrado se ocupa de cada sumario. Garzón se apropió del caso con la excusa de una supuesta conexión con el caso BBVA Privanza. Según el abogado Ignacio Pélaez los datos eran "insuficientes" para establecer esa conexión, pero la Fiscalía "forzó" que el caso cayera en manos del juez suspendido interponiendo directamente la denuncia ante su juzgado.
Barreiro acepta así dar trámite a la ampliación de querella del abogado y ex fiscal Ignacio Pelaéz, el letrado que consiguió imputar a Garzón por las escuchas de 'Gurtel, quien el pasado 24 de mayo también denunció a la Fiscalía por sendos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad. Peláez, abogado del constructor José Luis Ulibarri, acusó a las dos representantes del Ministerio Público en este sumario, Concepción Sabadell y Myriam Segura, de haber forzado que este caso cayera en manos de Garzón, evitando el preceptivo reparto del turno de oficio.
El denunciante alegó que Sabadell y Segura interpusieron directamente su denuncia ante el juzgado de Garzón con el argumento de que tenía una conexión con el sumario BBVA Privanza, ya que un nombre relacionado con el supuesto blanqueo de capitales aparecían en ambas investigaciones, el del abogado Luis de Miguel. "La única relación entre los dos casos era que el titular del despacho donde se hizo la entrada y registro había sido asesor Francisco Correa y al mismo tiempo tenía clientes con cuentas en el BBVA", apuntaba la querella de Pelaéz, un hecho, a su juicio, insuficiente para establecer la conexión.
El juez del Supremo considera creíble esta denuncia. El pasado 27 de mayo, Barreiro cursó al actual instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, cuatro oficios en los que reclama "a la mayor brevedad posible" buena parte de la documentación que obra en el sumario. En particular, el Supremo pide a Pedreira todo tipo de datos sobre De Miguel y los informes de julio de 2008 (medio año antes de que estallara el caso) y que sirvieron a Garzón para quedarse con el sumario por su conexión con BBVA-Privanza.
El Supremo, incluso, quiere datos e informes judiciales de 2000, cuando la Audiencia Nacional se encontraba inmersa en la investigación del desvío de dinero al extranjero desde el banco. Igualmente pide cualquier documento que obre en la causa sobre este abogado y su gestión en las "estructuras fiduciarias de Francisco Correa", incluidos los famosos archivos de 'pen drive' en el que aparecían las cuentas del grupo de Correa y los nombres de los despachos y letrados que trabajaban para las firmas de la trama corrupta.
Además, el instructor que investiga las escuchas ilegales, Alberto Jorge Barreiro, también investiga si el juez y las fiscales ocultaron adrede las declaraciones del imputado Pablo Crespo exculpando a Francisco Camps de haber aceptado trajes.
En declaraciones a Onda Cero, el abogado Ignacio Peláez. "Lo que está claro es que si no, no le hubieran elegido a él, si le eligieron a él precisamente es por eso. Es evidente que el señor Garzón no tiene ningún cariño al PP, cuando ha sido su contrincante al haberse presentado por el PSOE en unas elecciones. Es evidente que no era el juez más imparcial u objetivo para enjuiciar a unos señores de un partido político que es evidente que le tiene mucho cariño.