Y es más inquietante aún que todos los juzgados de paz andaluces más las víctimas del terrorismo reciban menos dinero globalmente que las víctimas de la Dictadura franquista, que, como se sabe, data de 1939 y terminó hace ya más de 30 años.
Las víctimas del terrorismo han sido víctimas de la defensa de la democracia constitucional y en Andalucía dieron su vida por ella desde concejales a guardias civiles pasando por policías nacionales o personas sin relevancia alguna. Pero nada menos que doce veces menos dinero de la Junta reciben las víctimas el terrorismo que las "víctimas de la dictadura", que, si son tantas como las mujeres "pelonas" que han solicitado las ayudas de la Junta, eran "ninguna" una semana después de anunciado el plazo abierto para obtenerlas.
Dice ABC: "Llama la atención por ejemplo que 35 años después de la muerte de Francisco Franco, las víctimas de la dictadura (sin duda uno de los temas que vuelve a sacar a relucir cada cierto tiempo el Ejecutivo andaluz) reciba mucho más dinero que las Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo. Así, por esta fórmula, las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma reciben 80.000 euros mientras que las víctimas de la dictadura tienen asignados un total de 949.000 euros. Es decir, las víctimas del Franquismo se llevan doce veces más dinero que las del terrorismo."
Este es el documento de la Junta:
Respecto a los juzgados de paz, compruebe todos los que hay pulsando aquí.
Sólo en Sevilla hay quince partidos judiciales y 89 juzgados de paz. En 2002, había en Andalucía 685 juzgados de paz, lo que significa que todos estas entidades, que cumplen funciones incluso electorales, perciben menos dinero que la Fundación de El Defensor del Pueblo Andaluz, que percibe 4 millones de euros anuales o que la ya mencionada Fundación Barenboim-Said, que percibe para 2,5 millones.
Dicho de otro modo, si se divide el dinero global destinados a los juzgados de paz por el número de juzgados que se acerca a 700, podemos decir que cada uno de ellos, al año, percibe de la Junta alrededor de 10.000 euros, lo que no da siquiera para pagar un sueldo no para las mínimas infraestructuras dignas que presten servicios a los ciudadanos.