Una cosa es la corrupción personal y otra, bien diferente, la corrupción política en sentido estricto. Como se ha desatado una guerra en la que se confunden interesadamente ambos asuntos, bueno estará aclararlo. Naturalmente, nos referimos a la corrupción como forma de alteración de las conductas, de modo que lo que ocurre no es lo que debería ocurrir según los criterios morales democráticos. Dice el Diccionario de uso de María Moliner que corromper es "quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido". O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga. Pero la corrupción de una persona o de una trama de personas, por infame que sea, no es lo mismo que la corrupción política.
Ni siquiera la corrupción del cacique que describiera Joaquín Costa tiene que ver con la corrupción política como tal. Decía Costa sobre la corrupción caciquil que:
Pero era una persona, el cacique, quien promovía estas irregularidades que, aun teniendo que ver con la política, eran causadas por el interés personal del cacique.Era declarado exento del servicio militar quien él quería que lo fuese, por precio o sin él; se extraviaban los expedientes y las cartas que él quería se extraviasen; se hacía justicia cuando él tenía interés en que se hiciera, y se fallaba a sabiendas contra ley cuando no tenía razón aquel a quien él quería favorecer; se encarcelaba a quien él tenía por bien, siquiera fuese el más inocente; a quien quería librar de la cárcel, lo libraba, sacándolo sin fianza, aunque se tratase de un criminal; se imponían multas si era su voluntad que se impusieran, hubiese o no motivo; se repartían los tributos no según regla de proporción y conforme a las instrucciones de Hacienda, sino conforme a su conveniencia y a la de su clientela, o a la fuerza que trataba de hacer a los neutrales, o al castigo que quería imponerles por su desprecio o por su entereza; a quien quería mal o no se sometía, hacía pagar doble; las alzadas no tenían curso o sucumbían en el carpetazo; las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas, sus pueblos o sus caseríos; los montes del Estado que habían de comprar ellos o sus protegidos tenían la cabida que ellos fijaban, y se anulaban las compras de los contrarios; se aprobaban las cuentas que él recomendaba, y por otras iguales se multaba o se encausaba a un Ayuntamiento, porque no era de su parcialidad o de su agrado; era diputado provincial, alcalde o regidor aquel a quien él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades...
Entiendo por corrupción política la que se deriva de una ideología política que permite la alteración de las reglas de juego democrático –desde el robo a la prevaricación, desde la sentencia injusta a la persecución–, para defensa, promoción y poder del propio partido y que está organizada desde el propio partido, no por unas personas aisladas o grupos del mismo.
Recuerdo que cuando Kasparov y Karpov se combatían minuciosamente sobre los tableros de ajedrez en la Sevilla de finales de 1987, José Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente de la Junta de Andalucía, y Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicesecretario del PSOE, se herían en la oscuridad de manera sistemática por el control del socialismo andaluz. Nos contaron ilustrados socialistas que el motivo principal de la querella no era sino la organización de las finanzas del PSOE de Andalucía. Guerra acusaba a Borbolla de promover una red autonómica de financiación "oscura", tipo la que luego se conoció como Filesa, que no obedecía las órdenes de Ferraz. Es decir, se acusaba a Borbolla de implantar una red de financiación irregular paralela a la red dirigida por Galeote y otros. Eso, como tal, era un peligro para los jacobinos del socialismo español y, mediante el guerrista Carlos Sanjuán en la primera fase y mediante el propio Chaves en la segunda, defenestraron a Borbolla. No era el elemento amoral y corrupto lo que se afeaba en estos comportamientos, sino que se hicieran al margen del partido. Cuando se descubría, recuerden el caso Guerra, el problema no era la moralidad de las conductas, sino el daño que al partido le hacía el descubrimiento.
La corrupción política propiamente dicha ha sido patrimonio, hasta el momento, del Partido Socialista. Lo es porque ideológicamente defiende el relativismo moral en materia de actuación política salvo en lo relativo a la preeminencia del partido y no se refiere sólo a cuestiones económicas, sino a las propias reglas de juego de la democracia que pueden y deben ser alteradas, saltadas o incumplidas si es el interés del partido el que está en juego. Cuando una organización se pone a sí misma por encima incluso de la democracia como sistema de convivencia y como conjunto de valores, la corrupción es un corolario. Con tal perversión ideológica –si se dice uno demócrata–, se pueden falsear o interpretar torticera y deslealmente normas parlamentarias, aprobar decretos beneficiando a quienes posteriormente pagarán generosamente su contribución a la causa, organizar una cacería judicial y política contra los adversarios usando de las instituciones y medios del Estado y otras cosas más graves de desgraciado recuerdo. Filesa y la collera Garzón-Bermejo son ejemplos preclaros de lo que intento decir. Y además, son cosas organizadas desde el propio partido, desde la propia organización, no por personas ni siquiera por tramas.
Filesa era un sistema de financiación del PSOE, no de tal alcalde o consejero, consistente en utilizar las decisiones en las que intervenía el dinero público para nutrir las arcas del partido. O bien se cobraban comisiones a empresarios para concederles proyectos –recuerden cómo Borrell lo precisó cuando llegó al Ministerio de Obras Públicas–, o bien se decidían concursos de gran relevancia debido a la compensación económica que recibía el partido, como fue el caso del AVE. Y así se operaba en todos los niveles del partido, desde el nacional hasta el local. La justificación más frecuente que he oído es que como el PP se financiaba con ayuda de los ricos el PSOE debía financiarse con los ingresos del Estado. Ni Polanco, ni Slim, por poner dos ejemplos, han sido nunca ricos, naturalmente.
Lo del PP es distinto. Que haya personas, e incluso tramas en el Partido Popular, que traten de quebrantar la ley, la moral de la Administración, que pretenda, vamos, robar, beneficiarse de decisiones políticas y económicas, implica que en el PP hay elementos corruptos, no que el PP practique la corrupción política en sentido estricto. Para el PP, tales comportamientos son condenables y se perciben dentro de la organización como un pecado, como algo moralmente impropio. Es decir, la ideología confusa que alimenta al PP tiene, empero, algo bien claro: el respeto de las reglas del juego y de la democracia. Y, desde luego, no están organizadas desde el PP, desde sus órganos de dirección y por sus máximos representantes.
No, no es lo mismo. La corrupción personal tiene que ver con la naturaleza humana y ocurre, también, en la política. La corrupción política en una democracia tiene que ver con ideologías y partidos que se ponen a sí mismos en la cumbre del valor absoluto y que consideran medios, y no fines, a personas, dineros e instituciones. En una democracia sana y normal, la corrupción política no puede ser consentida. Pero cuando la democracia no es más que un escalón formal que ayudará al partido a apoderarse hegemónica o totalmente de una sociedad, todo está permitido.