La juez de Madrid que instruye la llamada Operación Galgo, Mercedes Pérez Barrios, ha acordado trasladar las investigaciones del caso, hasta ahora en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al departamento de la Policía Judicial dedicado a delitos de consumo, medio ambiente y dopaje.
En una providencia dictada la semana pasada, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que investiga una supuesta red de tráfico de sustancias dopantes, ordena que se remitan al Grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía todos los documentos, datos e informes sobre los imputados en poder de la Guardia Civil.
La magistrada, que el pasado julio archivó la causa respecto a la atleta Marta Domínguez, incluida ahora en la lista al Senado del PP por Palencia, ha ordenado también que la ampolla de AMTH-2 intervenida al entrenador César Pérez, se remita "de forma inmediata" a la Agencia Española del Medicamento para que la analice y realice un informe sobre "posibles sustancias dopantes".
El pasado mes de septiembre la juez decretó la nulidad de los análisis de las sustancias localizadas en la instrucción de la Operación Galgo y solicitó depurar la responsabilidad de los agentes de la Guardia Civil en la misma. Según el auto dictado entonces por la magistrada, se produjo una ruptura de la cadena de custodia de las sustancias localizadas en el registro del domicilio del atleta Alberto García y de la ampolla de AMTH-2 intervenida a César Pérez, dirigida indiciariamente a Marta Domínguez, que fueron enviadas al laboratorio de Colonia para su análisis sin autorización judicial.
La magistrada entiende que el oficio de la UCO de la Guardia Civil, de 28 de diciembre y 1 de febrero, sobre los tres frascos localizados en casa de Alberto García, contradice el acta del secretario judicial del juzgado de instrucción número 3 de Móstoles relativo al registro. En la nueva providencia, la juez advierte de que la entrega de todos los documentos de la investigación a la Policía deberá documentarse "de forma fehaciente para garantizar la cadena de custodia".
Por último, encarga a la UDEV un nuevo informe de los documentos que tengan relación con los delitos investigados, en concreto, dopaje deportivo, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2010 y 2011.