(Libertad Digital) Entre los que están imputados como parte del equipo de la candidatura de Ramón Calderón está también Mariano Rodríguez de Barutell, también conocido como 'Nanín', y que fue uno de los que organizó el pucherazo en la Asamblea del Real Madrid el pasado 7 de diciembre permitiendo el ingreso de varias personas que no eran socios compromisarios y que días después identificó el diario Marca.
Además, podrían ser acusados Alfonso Carrascosa, colaborador en la candidatura; Juan Mendoza, que fue durante unos meses vicepresidente del club y luego dejó su cargo, y Cristina Bermúdez, secretaria de alta dirección de la entidad, que la abandonó poco después de la llegada de Calderón.
Cabe recordar que en el verano de 2006, durante las elecciones a la presidencia, Ramón Calderón denunció el supuesto amaño del voto por correo y la magistrada del juzgado de Primera Instancia 47 de Madrid, Milagros Aparicio, aprobó las medidas cautelares para que el voto por correo no fuera contabilizado en los comicios y se anulara la Norma Electoral XV que regulaba dicho voto. Así, los votos que ya se habían emitido (10.511) se encontraban bajo custodia en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid, que se ocupa del proceso penal para determinar su posible falsedad.
También imputado por la Asamblea del 7 de diciembre
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha informado que el juez titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Santiago Torres, ha citado a declarar en calidad de imputados, el próximo 20 de mayo, a partir de las 10.00 horas, a Calderón, Vicente Boluda, Nanín y Luis Alberto Bárcena, entre otros. Las citaciones tienen su origen en la denuncia presentada por José Javier Martín Palacios tras la Asamblea del Real Madrid celebrada el pasado 7 de diciembre de 2008.
El juez entiende que como consecuencia de las diligencias de investigación encargadas tras la admisión a trámite de la denuncia y del resultado de los requerimientos efectuados en conformidad con lo ordenado en la causa, existen indicios de la perpetración de cuando menos un delito de los definidos en los artículos 292 del Código Penal relativo a la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, y a los artículos 291 y 295, relativos al uso de documento falso y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, respectivamente.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado la práctica de una prueba pericial económica para que por perito auditor de cuentas y contable, con conocimientos de derecho concursal, se proceda al análisis de los soportes documentales y libros de contabilidad del club al objeto de que se informe sobre si reflejan fiel y lealmente la situación económica del club al momento de la celebración de la referida asamblea.