LD (EFE) La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que juzgó e impuso a De la Rosa la primera condena penal de su historial, que le llevó a prisión, por intentar estafar a KIO más de 50.000 millones de pesetas, ha abierto una causa paralela para que se investiguen los bienes del financiero con el fin de que haga frente a su responsabilidad civil.
Fuentes judiciales han explicado que la negativa de De la Rosa a satisfacer la indemnización, y también la multa que se le impuso por este caso, puede influir en la retirada del tercer régimen abierto concedido en pocos meses al empresario por la Generalitat a principios de julio. Las mismas fuentes han señalado que "no hacer frente a la responsabilidad civil es una actitud contraria al principio de la reinserción" que posibilita a un condenado obtener beneficios penitenciarios como el tercer grado.
El caso De la Rosa, que fue condenado a 20 meses de prisión, ha suscitado una polémica político-judicial pues, entre noviembre de 2002, fecha en la que ingresó en prisión, y el pasado mes de julio la Generalitat le concedió dos veces el tercer grado y una vez un régimen especial. Estas medidas fueron criticadas por los partidos de la izquierda catalana, la fiscalía e incluso el tribunal que le sentenció.
Fuentes judiciales han explicado que la negativa de De la Rosa a satisfacer la indemnización, y también la multa que se le impuso por este caso, puede influir en la retirada del tercer régimen abierto concedido en pocos meses al empresario por la Generalitat a principios de julio. Las mismas fuentes han señalado que "no hacer frente a la responsabilidad civil es una actitud contraria al principio de la reinserción" que posibilita a un condenado obtener beneficios penitenciarios como el tercer grado.
El caso De la Rosa, que fue condenado a 20 meses de prisión, ha suscitado una polémica político-judicial pues, entre noviembre de 2002, fecha en la que ingresó en prisión, y el pasado mes de julio la Generalitat le concedió dos veces el tercer grado y una vez un régimen especial. Estas medidas fueron criticadas por los partidos de la izquierda catalana, la fiscalía e incluso el tribunal que le sentenció.