LD (Europa Press) El Ministerio Público imputa a Ballester, quien perteneció al Consejo de Administración de la compañía en 2002 y 2003, los mismos delitos que a los otros cinco imputados en esta causa: estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, administración desleal contra la Hacienda Pública e insolvencia punible. No obstante, considera que no es necesaria la medida de prisión para este ex directivo porque no existe riesgo de que se fugue ni de que destruya pruebas, según las mismas fuentes.
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Ballester reconoció la autoría de una carta que en mayo de 2004 envió al presidente ejecutivo de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, en la que advertía de diversas irregularidades en la contabilidad y reconocía la "inexistencia de beneficios reales". Según la Agencia Tributaria, el desfase patrimonial de Afinsa alcanzó ese año los 1.105 millones de euros.
Ballester es el único imputado en la querella presentada contra Afinsa por la Fiscalía Anticorrupción que no fue detenido a raíz de los registros realizados en la empresa de inversión en bienes tangibles el pasado 9 de mayo. Tras prestar declaración este lunes salió muy tranquilo del despacho del juez y comentó que el interrogatorio había ido "muy bien", sin querer entrar en el contenido de las preguntas que se le habían realizado.
El pasado día 12, el magistrado dictó el ingreso en prisión de los otros cuatro responsables de la filatélica contra quienes se dirigía la querella de Anticorrupción: el presidente de la compañía, Juan Antonio Cano Cuevas; Albertino Figueiredo do Nascimento, presidente hasta 2004; los consejeros Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña; y el proveedor de sellos Francisco Guijarro Lázaro. A la lista de delitos que les imputaba Anticorrupción, el juez Pedraz añadió el de falsedad de cuentas anuales.
Por otra parte, fuentes de la defensa señalaron que el juez Pedraz ha levantado el bloqueo que decretó el pasado viernes sobre las cuentas de Central de Compras Coleccionables, una empresa cien por cien propiedad de la norteamericana Escala Group, que está participada en un 67 por ciento por la empresa investigada. El bloqueo sobre las cuentas de esta sociedad se solicitó tras tener constancia el Juzgado del intento de retirada de efectivo por valor de 41 millones de euros.