Los buenos propósitos del Gobierno respecto al déficit parecen cosa del pasado. Antes del verano, el Ejecutivo tuvo que aprobar un paquete de medidas de reducción del déficit como respuesta a la crisis de deuda pública desatada en los mercados. Ahora se suceden decretos que dan marcha atrás a esas disposiciones, como se ha visto en los recortes de Fomento, que han ido aminorándose con el paso de las semanas.
El problema es que no sólo aumentará el déficit del Gobierno central, sino que además, ayuntamientos y comunidades, en pleno año electoral, no dejarán pasar la oportunidad de pedir a José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado que abran la mano de la deuda. Ayer, la ministra de Economía anunció que los ayuntamientos menos endeudados podrán acceder a créditos a largo plazo en 2011, algo que parecía prohibido en el decreto de junio.
La medida tiene un claro tufillo electoral, puesto que beneficia a algunas de las plazas fuertes del PSOE (Sevilla, Barcelona) y perjudica a las grandes capitales populares (Madrid, Valencia o Málaga). Pero, además, supone una rendija abierta por la que se colarán los alcaldes para aumentar sus déficits públicos. Y autonomías como la andaluza ya están pidiendo que también se aplique a los gobiernos regionales. Mientras, la credibilidad de España ante los inversores internacionales podría resultar dañada si piensan que lo anunciado en junio fue un engaño para calmar a los mercados y no un plan sincero de reducción del gasto público.
Valencia, a los tribunales
En este sentido, La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que emprenderá medidas legales contra el nuevo criterio de endeudamiento anunciado este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, por considerar que se trata de "una argucia electoral" que "incurre en arbitrariedad" y "vulnera" los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera, informa Europa Press.
Barberá ha criticado en rueda de prensa la decisión del Ejecutivo estatal de abrir la puerta a que se endeuden los consistorios con una deuda inferior al 75 por ciento de sus ingresos y ha reivindicado que "el límite legal de endeudamiento se sitúa en el 110 por ciento de los ingresos corrientes" y que, de hecho, esa barrera se elevó al 125 por ciento en la ley de Presupuestos de 2009.
La primera edil ha señalado que el consistorio valenciano cerró el pasado ejercicio con un endeudamiento del 105,98 por ciento y presenta en la actualidad una tasa del 109 por ciento, por lo que está "dentro de la ley". "Es uno de los ayuntamientos más saneados, es solvente, responsable y riguroso", ha sentenciado.
Madrid, "cortina de humo"
Alberto Ruiz-Gallardón ha tachado la decisión del Ejecutivo central de "cortina de humo" para "distraer la atención del problema de verdad", que es la deuda de comunidades autónomas y Estado, que suponen el 95 por ciento del total. Madrid es la ciudad más endeudada de España, con más de 7.000 millones de euros, lo que supone la mitad de la deuda total de las capitales de provincia.
El alcalde ha sido preguntado por este asunto hasta en seis ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y en todas ellas ha contestado que "ese debate distrae la atención del problema de verdad, que es el incumplimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asumido en su programa electoral y en su Debate de Investidura, de aprobar esta legislatura un nuevo sistema de financiación para las corporaciones locales".
"A mí me sorprende que, cuando el total de la deuda de las corporaciones locales en España alcanza el 5 por ciento de la deuda de todas las administraciones públicas, sea noticia eso mientras el 95 por ciento restante, que corresponde fundamentalmente al estado y también a las comunidades autónomas, no genere ese debate informativo", ha reprochado. Por eso, ha pedido al Gobierno central que "no siga distrayendo la atención" ni lanzando "cortinas de humo" y que "asuma su responsabilidad y su compromiso, y aborde de una vez por todas la financiación de las corporaciones locales". Gallardón no ha querido contestar a la pregunta de si tomarán algún tipo de medidas jurídicas contra esta decisión del Ejecutivo de Zapatero.
Griñán: se ha abierto "el grifo"
También el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha valorado este jueves la autorización de endeudamiento a los ayuntamientos y ha pedido que se traslade a las comunidades autónomas con menor deuda esa flexibilidad.
Durante un desayuno informativo en Madrid organizado por la Asociación de periodistas Parlamentarios (APP), Griñán ha mantenido que la nueva situación de los mercados financieros ha permitido ahora al Gobierno "abrir un grifo que estaba cerrado" y ha considerado positivo que los ayuntamientos que tienen un menor nivel de endeudamiento acumulado puedan apelar a esa manera de financiarse el año que viene.
A su juicio, las comunidades autónomas también deberían poder optar a un objetivo de déficit individualizado, de acuerdo con la situación de cada una. No en vano, la Junta de Andalucía viene reclamando desde hace tiempo un tratamiento diferente para cada región en virtud del endeudamiento. "En materia de déficit no puede tratarse igual a una comunidad autónoma como Andalucía, cuyo endeudamiento es inferior a la media, que a otras comunidades que están más endeudadas", ha añadido.