Aznar, que presentó este martes en la London School of Economics el Informe FAES sobre la reforma del sistema financiero internacional, indicó que estas entidades deben dejarse caer una vez puestos en marcha mecanismos que eviten el contagio masivo.
"No se trata de rescatar gerentes, accionistas o tenedores de bonos de bancos imprudentes con el dinero de los contribuyentes. Se trata de proteger los legítimos intereses de los depositantes y los contribuyentes", reiteró.
En su opinión, las tendencias actuales de "re-regulación" financiera plantean el "riesgo" de acabar con una nueva regulación demasiado intervencionista que favorecería nuevas oportunidades de "arbitrariedad regulatoria" y reduciría la innovación.
En este sentido, indicó que a las estrategias bancarias que se consideren que aumentan el riesgo sistémico, deberían serles exigidas mayores requisitos de capital, de acuerdo con la propuesta de incluir un nuevo pilar macroprudencial en unos renovados estándares adecuados de capital internacionales.
Por lo tanto, añadió Aznar, los supervisores deben tener la capacidad de intervenir "preventivamente, gradualmente y con seguridad jurídica" cuando esté en peligro la solvencia de las entidades financieras o la estabilidad del sistema.
"Las intervenciones públicas sólo desempeñarán un objetivo sostenible si cumplen con el principio de recompensar las conductas prudentes o, al menos, no dañar la posición competitiva de las instituciones que no necesitan ayuda pública. Lamentablemente esto no siempre ha sido así durante esta crisis", subrayó.
Aumento de la deuda pública
Por último, advirtió sobre caer en la tentación de más proteccionismo, más intervencionismo y enormes cantidades de deuda pública como vía para salir de la crisis.
Para Aznar, el riesgo de "insostenibilidad" de las finanzas públicas debería ser hoy una de las grandes preocupaciones de los líderes "responsables".
"No creo que la solución a una crisis que podría ser etiquetada como una 'crisis de deuda privada' sea la acumulación de una enorme nueva deuda pública. Esta reacción política no tiene sentido", insistió.