De este modo, el Gobierno mantendría el control mayoritario de la red aeroportuaria. Sin embargo, está dispuesto a aumentar el porcentaje privatizado previsto inicialmente. Según publica este jueves el diario Expansión, el último borrador del proyecto de ley sobre modernización del sistema aeroportuario -con fecha de 1 de julio-, Fomento estaría dispiesto a privatizar hasta el 49% de este ente público, frente al 30% previsto inicialmente.
Pese a ello, no especifica si se permitirá a los inversores privados entrar en el consejo de administración de AENA. El Gobierno calcula recaudar con esta operación cerca de 2.000 millones de euros. Además, no prevé aplicar una mayor descentralización aeroportuaria
AENA es el mayor gestor aeroportuario del mundo con unos ingresos de 1.800 millones de euros y 187 millones de pasajeros en sus 47 aeropuertos, Sin embargo, estas cifras contrastan con la nefasta gestión pública desarrollada en los últimos años. Tal y como avanzó Libertad Digital, la privatización de este ente se impone como resultado de sus graves problemas financieros.
La construcción y ampliación de aeropuertos ha situado a AENA en una posición financiera crítica e insostenible, con unos números rojos en constante crecimiento desde hace años. De los 47 aeropuertos españoles, más de 30 son deficitarios. La rentabilidad del sistema es ruinosa.
Por razones políticas, no económicas, CCAA y provincias se han lanzado a la construcción de aeródromos sin tener en cuenta los criterios de sostenibilidad empresarial. Así, según fuentes del sector consultadas por LD,"casi el 80% de las inversiones públicas realizadas en infraestructuras son deficitarias, abiertas y mantenidas por capricho político". La deuda pública de Aena asciende a los 12.000 millones de euros.
En los últimos meses, el ministro de Fomento, José Blanco, ha utilizado a los controladores aéreos como cabeza de turco para poner de manifiesto la insostenibilidad financiera del ente. Pero se trata de una mera cortina de humo, ya que el principal problema de gestión radica en las deficitarias inversiones aeroportuarias realizadas desde 2000, y no en la alta retribución de este cuerpo.