L D (EFE) El Gobierno alemán reaccionó con "incomprensión" a la decisión de la Comisión Europea de abrir la primera fase de un procedimiento de infracción por la denominada "ley Volkswagen". El portavoz del Gobierno, Bela Anda, señaló que a juicio del ejecutivo de Gerhard Schroeder "no hay duda" de que la ley cumple los reglamentos comunitarios. Anda agregó que el Gobierno no ve en ningún caso una "violación de la libertad de movimiento de capitales".
Según la CE, Bruselas ha enviado una carta de requerimiento -primera fase de un proceso de infracción- para que Alemania justifique alguna de las disposiciones de la "ley Volkswagen" de 1960. El Ejecutivo comunitario ha mostrado su preocupación porque ciertas provisiones de la ley "puedan actuar como un freno a las inversiones de otros Estados miembros". El Gobierno alemán dispone ahora de dos meses para dar una respuesta satisfactoria a Bruselas, que en caso contrario puede un "dictamen motivado" -segundo paso de un procedimiento de infracción- para pedirle que modifique esa ley.
La llamada "ley Volkswagen" basada en un acuerdo de 1959 entre el Gobierno Federal y el Estado federado de Baja Sajonia, confiere de facto ciertos derechos especiales a este último, que con aproximadamente el 21 por ciento de los derechos de votos es desde hace tiempo el principal accionista del fabricante alemán de automóviles. La "ley Volkswagen" establece que ningún accionista puede tener más del 20 por ciento de las acciones con derecho a voto, aunque posea más títulos. Además, para adoptar decisiones importantes se necesita una mayoría de más del 80 por ciento de los votos.
Ambas disposiciones aseguran a ese Estado federado una decisiva influencia en el futuro de la empresa y evita una teórica OPA hostil. Según Bruselas, esto "puede disuadir a los inversores de otros Estados miembros de adquirir acciones y capital de inversión en Volkswagen”, por lo que esta Ley podría estar entorpeciendo el ejercicio de la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, garantizadas por el Tratado.
La ley también dispone que, mientras sean accionistas de la empresa, el Gobierno Federal y el Estado federado de Bajo Sajonia tendrán dos representantes cada uno en el Consejo de Supervisión, integrado por 20 personas, de las que la mitad representan a los accionistas y la otra mitad a los trabajadores. Como el Gobierno Federal se ha desprendido de todas sus acciones, Baja Sajonia es ahora, de facto, la única parte con derecho a designar dos miembros del Consejo de Supervisión. Este órgano "tiene gran influencia en las decisiones estratégicas de la empresa como el establecimiento y relocalización de instalaciones de producción y otras inversiones", recuerda la nota de la CE.
Según la CE, Bruselas ha enviado una carta de requerimiento -primera fase de un proceso de infracción- para que Alemania justifique alguna de las disposiciones de la "ley Volkswagen" de 1960. El Ejecutivo comunitario ha mostrado su preocupación porque ciertas provisiones de la ley "puedan actuar como un freno a las inversiones de otros Estados miembros". El Gobierno alemán dispone ahora de dos meses para dar una respuesta satisfactoria a Bruselas, que en caso contrario puede un "dictamen motivado" -segundo paso de un procedimiento de infracción- para pedirle que modifique esa ley.
La llamada "ley Volkswagen" basada en un acuerdo de 1959 entre el Gobierno Federal y el Estado federado de Baja Sajonia, confiere de facto ciertos derechos especiales a este último, que con aproximadamente el 21 por ciento de los derechos de votos es desde hace tiempo el principal accionista del fabricante alemán de automóviles. La "ley Volkswagen" establece que ningún accionista puede tener más del 20 por ciento de las acciones con derecho a voto, aunque posea más títulos. Además, para adoptar decisiones importantes se necesita una mayoría de más del 80 por ciento de los votos.
Ambas disposiciones aseguran a ese Estado federado una decisiva influencia en el futuro de la empresa y evita una teórica OPA hostil. Según Bruselas, esto "puede disuadir a los inversores de otros Estados miembros de adquirir acciones y capital de inversión en Volkswagen”, por lo que esta Ley podría estar entorpeciendo el ejercicio de la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, garantizadas por el Tratado.
La ley también dispone que, mientras sean accionistas de la empresa, el Gobierno Federal y el Estado federado de Bajo Sajonia tendrán dos representantes cada uno en el Consejo de Supervisión, integrado por 20 personas, de las que la mitad representan a los accionistas y la otra mitad a los trabajadores. Como el Gobierno Federal se ha desprendido de todas sus acciones, Baja Sajonia es ahora, de facto, la única parte con derecho a designar dos miembros del Consejo de Supervisión. Este órgano "tiene gran influencia en las decisiones estratégicas de la empresa como el establecimiento y relocalización de instalaciones de producción y otras inversiones", recuerda la nota de la CE.