L D (EFE) La Comisión Europea considera que la mayoría de condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión de E.ON y Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria, informó este viernes el Ejecutivo comunitario. Según las conclusiones preliminares de Bruselas, que ya han sido notificadas a las autoridades españolas, las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento.
La Comisión Europea cree que las exigencias del regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública. El Gobierno español tiene hasta el próximo 4 de septiembre para responder a Bruselas.
Si estas conclusiones preliminares se confirman, la Comisión podría concluir que España ha violado el reglamento europeo de concentraciones (el artículo 21 de esta norma) y solicitar la retirada de las condiciones incompatibles con la legislación comunitaria. Bruselas recordó que tiene competencia exclusiva sobre las regulaciones de dimensión comunitaria, sobre las que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional.
Tampoco pueden adoptar medidas para prohibirlas o perjudicarlas, excepto si esas medidas protegen intereses distintos a la competencia y son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la normativa europea.
La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas. La Comisión Europea dio el pasado 25 de abril su visto bueno a la propuesta de compra de la alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que no afectaría negativamente a la competencia en el Espacio Económico Europeo.
La Comisión Europea cree que las exigencias del regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública. El Gobierno español tiene hasta el próximo 4 de septiembre para responder a Bruselas.
Si estas conclusiones preliminares se confirman, la Comisión podría concluir que España ha violado el reglamento europeo de concentraciones (el artículo 21 de esta norma) y solicitar la retirada de las condiciones incompatibles con la legislación comunitaria. Bruselas recordó que tiene competencia exclusiva sobre las regulaciones de dimensión comunitaria, sobre las que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional.
Tampoco pueden adoptar medidas para prohibirlas o perjudicarlas, excepto si esas medidas protegen intereses distintos a la competencia y son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la normativa europea.
La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas. La Comisión Europea dio el pasado 25 de abril su visto bueno a la propuesta de compra de la alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que no afectaría negativamente a la competencia en el Espacio Económico Europeo.
Todd dice que la decisión de la CE sería vinculante
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, indicó que, como toda decisión de la Comisión, ésta podría ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero el Gobierno español tendría que cumplirla hasta que no hubiera sentencia. En caso de no aceptar el dictamen de Bruselas, España se enfrentaría a un procedimiento de infracción y a la consecuente denuncia ante la Corte europea.
Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las medidas contra la opa de E.ON podría ser invocada por terceros -como la eléctrica alemana- para reclamar ante los tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas. Según las conclusiones preliminares de las autoridades europeas de competencia, que ya han sido notificadas a Madrid, la mayoría de exigencias de la CNE para autorizar la fusión de E.ON y Endesa no respeta los principios de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento.
En opinión de Bruselas, las condiciones fijadas por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de la seguridad pública. Todd no precisó cuáles de los 19 requisitos impuestos por la CNE vulneran la normativa, pues la Comisión "no quiere acusar en detalle" al Gobierno español, que es "inocente hasta que no se demuestre lo contrario, precisó.
Madrid debe responder a Bruselas sobre este asunto antes del 4 de septiembre y, a partir de esa fecha, la decisión final sobre la legalidad de las condiciones se tomará "tan pronto como sea posible", probablemente en algunas semanas, indicó el portavoz. Todd incidió en que en un caso como éste en el que hay varias ofertas competidoras -Gas Natural y E.ON-, la Comisión debe actuar con rapidez para evitar que la situación vaya cambiando y surjan verdaderos problemas.
Por eso, explicó, el Ejecutivo de la UE informó a principios de mes al Gobierno español de la posibilidad de paralizar cautelarmente las medidas impuestas por la CNE a la opa de E.ON, posibilidad que todavía puede llevarse a cabo para garantizar el respeto a la libre competencia. La Comisión guarda "ese as en la manga", señaló Todd, para el caso de que sea necesario.
Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las medidas contra la opa de E.ON podría ser invocada por terceros -como la eléctrica alemana- para reclamar ante los tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas. Según las conclusiones preliminares de las autoridades europeas de competencia, que ya han sido notificadas a Madrid, la mayoría de exigencias de la CNE para autorizar la fusión de E.ON y Endesa no respeta los principios de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento.
En opinión de Bruselas, las condiciones fijadas por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de la seguridad pública. Todd no precisó cuáles de los 19 requisitos impuestos por la CNE vulneran la normativa, pues la Comisión "no quiere acusar en detalle" al Gobierno español, que es "inocente hasta que no se demuestre lo contrario, precisó.
Madrid debe responder a Bruselas sobre este asunto antes del 4 de septiembre y, a partir de esa fecha, la decisión final sobre la legalidad de las condiciones se tomará "tan pronto como sea posible", probablemente en algunas semanas, indicó el portavoz. Todd incidió en que en un caso como éste en el que hay varias ofertas competidoras -Gas Natural y E.ON-, la Comisión debe actuar con rapidez para evitar que la situación vaya cambiando y surjan verdaderos problemas.
Por eso, explicó, el Ejecutivo de la UE informó a principios de mes al Gobierno español de la posibilidad de paralizar cautelarmente las medidas impuestas por la CNE a la opa de E.ON, posibilidad que todavía puede llevarse a cabo para garantizar el respeto a la libre competencia. La Comisión guarda "ese as en la manga", señaló Todd, para el caso de que sea necesario.