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DOS MESES PARA FIJAR LOS PLAZOS DE DEVOLUCIÓN

Bruselas exige a IZAR la devolución de 308 millones de euros de ayudas estatales

La Comisión Europea declaró este miércoles contraria a las normas comunitarias una ayuda de 500 millones de euros dada por la SEPI a los astilleros de IZAR, de los que deberán ser recuperados 308,3 millones que aún no han sido devueltos. La Comisión aclaró que no exigirá al grupo naval español Izar la devolución inmediata de las ayudas y estudia "medidas de acompañamiento" para proteger el empleo.

L D (EFE) El Ejecutivo comunitario consideró, en una decisión final, que la ayuda de 500 millones de euros otorgada por la SEPI a los astilleros públicos civiles, en la actualidad propiedad de IZAR, entre 1999 y 2000 "no se atiene a las normas comunitarias sobre ayudas estatales a la construcción naval", según un comunicado.

Puesto que ya se han devuelto a la SEPI préstamos por un total de 192,1 millones, la suma a reembolsar será de 308,3 millones de euros a los que se añadirán los intereses correspondientes. La ayuda adoptó diversas formas: aportación de capital, préstamos y un precio de compra superior al valor de mercado, según el comunicado. Para Bruselas, esa ayuda de 500 millones constituye "una nueva ayuda estatal que, después de la aprobación de un paquete de reestructuración final ya no puede aprobarse en virtud de las normas relativas a las ayudas a la construcción naval de la UE".
 
"Las condiciones de reembolso son bastante generosas", afirmó en rueda de prensa uno de los portavoces de la CE para la política de competencia, Tilman Lüder. Aclaró que España "tiene dos meses de plazo, pero no para reembolsar, sino para fijar las modalidades del reembolso ulterior". "En la decisión se dice claramente que España entrará en contacto con nosotros (la Comisión) en un plazo de dos meses con el fin de fijar de manera conveniente, y entre las dos partes, las modalidades de reembolso".

La decisión de Bruselas se refiere a varias transacciones realizadas entre 1999 y 2000 en las que participaron la SEPI y sus filiales Astilleros Españoles (AESA), el anterior consorcio estatal de los astilleros públicos, y Bazán, el grupo militar de construcción naval. La Comisión Europea "sospechó que estas transacciones podían encubrir una ayuda estatal" por lo que inició un procedimiento formal de examen en julio de 2000, que amplío en noviembre de 2001 y mayo de 2003. Sobre la base de los hechos que se han establecido durante el procedimiento de examen, la Comisión Europea concluyó que la SEPI realizó tres transacciones con las que se concedieron nuevas ayudas estatales a los astilleros públicos españoles. La primera fue un sobreprecio de compra pagado por la SEPI cuando AESA le vendió tres astilleros en 1999, pues según los cálculos de Bruselas el precio de compra "incluía un componente de ayuda" de 55,9 millones de euros, que "benefició al resto de los astilleros civiles aún propiedad de AESA".

Además, la segunda ayuda fue un préstamo de la SEPI de 1999 por valor de 192,1 millones de euros a tres astilleros, que ya ha sido devuelto, y la tercera, una aportación de capital de 252,4 millones a AESA en 2000, que se destinaron a los restantes astilleros civiles de AESA. El Ejecutivo comunitario señaló que "dado que tras el paquete de reestructuración final de 1997 los astilleros españoles no pueden optar a una ayuda a la reestructuración y puesto que ninguna de las medidas de ayudas descritas anteriormente puede aprobarse en virtud de la normativa sobre ayudas estatales, la ayuda antes referida debe recuperarse". En 2000 se devolvió el préstamo de 192,1 millones de euros a la SEPI, por lo que la suma que debe ser reembolsada asciende a 308,3 millones de euros más los intereses.
 
La Comisión Europea "es consciente de que las consecuencias de esta decisión pueden ser graves para los astilleros públicos españoles y sus trabajadores". Sin embargo, Bruselas ha recibido "numerosas reclamaciones de astilleros de otros Estados miembros de la UE e incluso de competidores españoles". En este sentido, varios de los denunciantes sostienen que "las pérdidas de puestos de trabajo ya se han producido en sus empresas como consecuencia de la presunta ayuda estatal ilegal proporcionada a los astilleros españoles públicos durante los últimos años".

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