(Libertad Digital) El Banco Espíritu Santo (BES) se dequita desde las páginas del periódico El Economista de la forma en la que por orden del juez Baltasar Garzón se resgistraron este pasado jueves sus oficinas, bajo los focos y las cámaras de televisión. Un comunciado del grupo luso insertado en la prensa de este sábado "critica duramente las actuaciones, además de incidir en la legalidad y ética que preside su operativa".
El comunicado también subraya, según el rotativo que preside Alfonso de Salas, que "la actuación se limitó a la investigación sobre ciertas personas y sociedades, y como resultado se han bloqueado cuentas a clientes con menos de 5,5 millones". El Economista asegura que la cúpula del banco portugués "insiste que sus cuentas están legitimadas y auditadas y no hay ningún producto financiero suyo bajo sospecha". Fuentes del BES se lamentan en el rotativo: "Estamos preocupados y abrumados por la situación". El BES no ha tenido todavía acceso a las diligencias y dede su dirección señalan que su mayor inquietud ahora es "atender a la gente" y despejar su preocupación.
Agentes de la Guardia Civil registraron este jueves las sedes del Banco Espírito Santo en Madrid y Barcelona, así como estas sedes del BNP-Paribas, de acuerdo con las diligencias iniciadas por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Baltasar Garzón. En el caso del Banco Espirito Santo, la práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito. Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes, según ha explicado la Fiscalía.
Estas diligencias previas son consecuencia de una deducción de testimonio efectuada por el juez Baltasar Garzón, quien ha recibido un informe de la Agencia Tributaria presentado en su Juzgado Central nº 5 tras analizar la documentación obtenida en diversos registros, practicados hace un año.
"Esos registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La documentación recogida en los citados registros ha propiciado las diligencias practicadas" este pasado jueves.
También en Madrid se han registrado las oficinas de la sociedad Cartera Meridional y, según la empresa, se les ha requerido documentación sobre una operación financiera de ampliación de capital, "en la que han cumplido todos los requisitos legales". En Barcelona se han registrado las oficinas de la aseguradora Cahispa, el domicilio de su presidente y el uno de sus empleados.