De aplicarse esta propuesta en 2010, los consumidores de electricidad pasarían de pagar en primas a las renovables 1.575 millones, frente a los 6.300 millones previstos, al tiempo que el sector del petróleo debería asumir un coste de 3.528 millones y el del gas, de 1.197 millones.
Esta propuesta fue trasladada ayer al Ministerio de Industria por las tres principales asociaciones del sector, esto es, la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (Aef). Además, en la propuesta participan el Clúster de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias (Ricam) y la Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa (GiWatt).
Las asociaciones recuerdan que los sectores del gas y del petróleo, pese a tener el mayor peso en la cobertura de la demanda, no disponen de una tecnología madura ni de recursos autóctonos capaces de contribuir al cumplimiento de los objetivos de Bruselas de introducción de renovables.
A la vista de esta circunstancia, y de que ahora son los consumidores los que están afrontando el coste de cumplir los objetivos comunitarios, las asociaciones piden "extender" el compromiso y hacerles asumir "la parte del coste asociado a la producción de electricidad con tecnología renovable que les corresponda".
La filosofía de la propuesta consiste en hacer que el gas y el petróleo "adquieran" parte de su objetivo de renovables al sector eléctrico, al tiempo que se mantiene el actual procedimiento regulatorio de facturación y retribución de las renovables.
La medida, aseguran, "podría reducir en tres cuartas partes los costes del régimen especial que hoy se introducen en la tarifa eléctrica", y con ello "aliviar en gran medida la necesidad de subidas de la tarifa o el establecimiento de medidas que puedan frenar el desarrollo de las energías renovables y su credibilidad".
13.200 millones de primas en 2020
Las asociaciones calculan que el modelo actual de primas a las renovables tendría, en caso de prolongarse, un coste de 13.200 millones de euros al año en 2020, frente a los 6.300 millones previstos para 2010.
No obstante, esta partida podría reducirse en 2020 a 3.960 millones si se asume un coste en el sector del petróleo de 5.940 millones relacionado con el cumplimiento de los objetivos comunitarios, así como otro de 3.300 millones en el del gas.
A cada sector le correspondería el pago de una cuota que se implementaría mediante una tasa cobrada directamente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Una vez trasladado el esfuerzo a todo el sector energético, incluido el que no genera electricidad y se dedica al transporte, dejaría de ser necesario aplicar fuertes subidas de la tarifa de la luz.