El portavoz de Trabajo del PP, José Ignacio Echániz, explicó que su formación está a favor de este colectivo y de cualquier iniciativa que corrija esta situación, pero no considera que modificar las condiciones de la contributividad requerida para cobrar el paro sea la más oportuna en estos momentos, por lo que optaron por la abstención.
La enmienda fijaba un coeficiente multiplicador del 1,5 a la cotización de estos trabajadores, de forma que trabajando sólo cuatro meses podrían alcanzar el equivalente a los 180 días requeridos para cobrar el paro.
Asimismo, los socialistas alcanzaron un acuerdo con CiU y otras formaciones, en el que no está incluido el PP, a cambio de impulsar en el próximo periodo de sesiones, que arranca en febrero, una iniciativa parlamentaria que permita buscar una solución a este "problema real" en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.
Durante el debate de la norma, derivada del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, Echániz, aseguró que el Ejecutivo prefiere mandar al paro a cinco millones de personas que contrariar a unos "sindicatos desautorizados". "Una tasa de paro insoportable hace a un Gobierno insoportable", denunció.
"11.700 empresas y 555.000 trabajadores"
Por su parte, el portavoz socialista Jesús Membrado señaló que las medidas han beneficiado a 11.700 empresas y 555.000 personas, el 79% de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), y celebró la disposición de los grupos, en especial CiU, para pactar "y mejorar el texto".
Sin embargo reiteró que la enmienda sobre fijos discontinuos, introducida en la Cámara Alta por el senador del Bloc es "inasumible", aunque la situación de este colectivo "se tiene que regular de una manera clara y conveniente".