El Consejo de Ministros aprobó este viernes prorrogar durante seis meses la vigencia de la ayuda de 426 euros para parados que extingan la prestación y el subsidio por desempleo entre el 16 de febrero y el 15 de agosto, lo que beneficiará a 243.100 personas y supondrá un coste adicional de 517,8 millones de euros. Así, en la misma reunión en la que el Ejecutivo decidía un recorte del gasto de 5.000 millones de euros como parte de su plan de austeridad, también aprobaba esta ayuda.
En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concretó que la prórroga afectará "exclusivamente" a los desempleados menores de 65 años que extingan sus prestaciones y subsidios entre los días 16 de febrero y 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, mientras que el periodo máximo de percepción de la ayuda seguirá siendo de seis meses.
Según de la Vega, este programa de ayudas ha supuesto hasta febrero un desembolso de 295,3 millones de euros, con 333.000 beneficiarios, de los que un 72% está incluido en itinerarios de inserción. Además, el 18%, más de 52.000 personas, ya ha encontrado trabajo.
Las cifras expuestas sirvieron la vicepresidenta primera del Gobierno para destacar que el programa de ayudas ha permitido elevar la cobertura por desempleo en más de 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 80% de los parados.
El Gobierno subrayó que la prórroga supone "una iniciativa más para reforzar la protección frente al desempleo y la reinserción laboral".
Este programa se reguló por vez primera en agosto del pasado año mediante un Real Decreto Ley, que fue sustituido por la Ley 14/2009 de 11 de noviembre. La cuantía de la prestación es igual al 80% del IPREM, que en 2009 fue de 420 euros, y en 2010 asciende a 426.
La Ley 14/2009 habilitaba al Gobierno para que teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la situación del desempleo pudiera prorrogar el programa por periodos de seis meses.
Al cumplirse el próximo 15 de febrero la duración de dicho programa y "mantenerse las condiciones de crisis económica y su impacto sobre el empleo que lo motivaron", el Gobierno ha decidido hacer uso de la habilitación y prorrogar por seis meses la medida.