La crisis económica, con el consiguiente desplome de ingresos, y la necesidad de reducir el histórico déficit de las cuentas públicas ha posibilitado algo que hasta hace apenas dos años era impensable para el actual Ejecutivo socialista: desprenderse, total o parcialmente, de entes públicos mediante procesos de privatización.
Por el momento, el Gobierno ya ha otorgado luz verde a la venta del 49% de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y al 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE, que incluye Lotería Nacional, La Primitiva, La Quiniela, Bonoloto o Euromillones, entre otras apuestas). Con ambas operaciones, el Gobierno prevé ingresar cerca de 14.000 millones de euros.
Por otro lado, si bien no son empresas públicas en sentido estricto, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para acometer la privatización (total o parcial) de las cajas de ahorros con el fin de impulsar su necesaria reestructuración mediante la entrada de capital privado, hasta ahora inexistente.
Sin embargo, tales medidas bien podrían no ser las únicas. El Gobierno posee diversos informes internos sobre la posible privatización de ferrocarriles, estaciones de tren y televisiones públicas. El Ejecutivo socialista solicitó dichos estudios al Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) en 2009, según recoge su último Informe de Actividades. Es decir, el Gobierno baraja tales privatizaciones, ya que encargó informes concretos al respecto.
La función del CCP consiste, precisamente, en asesorar sobre la "privatización de empresas públicas así como en aspectos relacionados con su eficiencia", y sus recomendaciones se realizan por encargo del Gobierno. Así, el CCP admite que los informes realizados "respondían a consultas previas que se plantean en relación con procesos de privatización que están en marcha o que se prevén en el futuro".
Entre los seis "informes sectoriales" elaborados el pasado ejercicio destacan, sobre todo, cuatro: "sector aeroportuario español" (Aena), cuya privatización parcial ya está en marcha; la "privatización y competencia en el transporte de pasajeros por ferrocarril"; "desarrollo de estaciones ferroviarias"; y "televisiones públicas".
1. Transporte ferroviario de pasajeros:
Hasta hace poco tiempo, el transporte por ferrocarril en Europa se ha caracterizado por la "presencia de un operador de carácter público que explotaba el servicio en régimen de monopolio. Existen y son ampliamente conocidos los inconvenientes de esta forma de prestar el servicio, inconvenientes que, en la mayor parte de los casos, tienen su origen en un acceso prácticamente ilimitado a los recursos públicos", destaca el CCP.
Si bien en los últimos años la UE ha impulsado la liberalización del transporte de mercancías y de pasajeros en el ámbito ferroviario, su impacto ha sido, en general, "escaso" en cuanto a la entrada de "operadores alternativos" (empresas privadas). Por ello, el informe destaca tres ejemplos concretos para acometer una posible privatización en España: el de Alemania, Reino Unido y Suecia, que contemplan diversas fórmulas para dar entrada a nuevas compañías ferroviarias.
Destaca el "caso especial" de Reino Unido, según el CCP, ya que "la reestructuración del mercado se produjo a mediados de la década de los noventa, junto a la disgregación y privatización de la antigua compañía estatal, British Rail, en más de 100 empresas con diversas funciones".
En concreto, el Gobierno británico creó "25 empresas de prestación de servicios de transporte de pasajeros, a las que se asignó la explotación de un conjunto de corredores, en exclusiva. La infraestructura fue asignada a la empresa Railtrack que, posteriormente, fue vendida en Bolsa. También se crearon seis empresas de mantenimiento de infraestructuras y tres empresas de alquiler de material rodante que, más tarde, fueron privatizadas. El transporte de mercancías de British Rail se dividió en seis empresas que, posteriormente, fueron también privatizadas".
2. Estaciones de tren:
El Ejecutivo socialista también encargó un estudio para evaluar el potencial económico de las estaciones de tren. En la actualidad, la encargada de explotar comercialmente dichos espacios es la agencia estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Tal y como señala el CCP, "en algunas terminales del transporte, por ejemplo, en los aeropuertos, se ha producido un gran desarrollo de las actividades comerciales y de servicios [...] En muchos casos, los ingresos derivados de las actividades comerciales superan los de la propia actividad aeronáutica". Pero la titularidad privada de estos servicios ha sido muy limitada en las estaciones de tren.
Los asesores del Gobierno vuelven a destacar la experiencia británica: "Todas las estaciones pertenecen al gestor de infraestructuras (de propiedad pública) Network Rail, que las alquila a las llamadas TOC (Train Operating Companies), empresas privadas que explotan el transporte de pasajeros en un determinado corredor en régimen de monopolio hasta el vencimiento de la concesión. Estos operadores se hacen cargo de la venta de billetes, del servicio de mantenimiento, de la limpieza, del alquiler de las zonas comerciales, de la gestión de aparcamientos, etc. De esta manera, se gestionan alrededor de 2.500 estaciones, principalmente de mediano y pequeño tamaño".
El CCP recomienda ciertas medidas encaminadas a facilitar la gestión privada de estaciones de tren, así como a intensificar la utilización de éstas y su entorno "para zonas de uso comercial y de servicios, y no sólo en las grandes estaciones, sino también en las medianas y pequeñas".
3. Televisiones públicas:
Por último, el Gobierno también encargó un informe sobre la privatización de televisiones públicas en el que, según el CCP, se tratan diversas cuestiones, tales como "si sigue estando justificado la provisión de un servicio público, en qué consistiría dicho servicio, si la única forma de suministrarlo es a través de la existencia de una entidad pública, la forma en que se define y cuantifica dicho servicio, la forma de financiarlo o la manera de controlar que efectivamente las actividades realizadas por la entidad a la que se ha asignado la cobertura del servicio público desarrolle, efectiva y eficientemente, las tareas encomendadas".
En concreto, el informe profundiza en el análisis de estos y otros aspectos, formulando recomendaciones específicas "tendentes a favorecer el desarrollo y eliminar algunas de las limitaciones observables en el modelo de radiodifusión pública en España".
Privatizaciones en marcha
De este modo, el Gobierno amplía el abanico de entes públicos susceptible de ser privatizados en el futuro. La venta parcial de Aena y Loterías podría suponer unos ingresos próximos a los 14.000 millones euros. El Gobierno sitúa en el entorno de los 8.906 millones de euros el valor de mercado del 49% de Aena, si bien esta cifra se reduce hasta los 2.707 millones de euros si se descuenta la deuda pública que acumula el organismo.
Así consta en la memoria económica que acompaña a la norma que el Pleno del Congreso convalidará este martes. El documento presenta dos estimaciones, en función de si se obvia o no la deuda, cuyo importe cifra en 12.650 millones de euros. Así, en el primero de los casos, se presenta una franja que va de 6.234 a 8.906 millones de euros. Sin embargo, al descontar el impacto de la deuda, las cifras varían significativamente, desde un mínimo de 35 hasta un máximo de 2.707 millones.
Aena pretende que los ingresos de la operación se destinen a paliar la deuda que arrastra el gestor aeroportuario, reduciéndola a la mitad, aparte de que considera que los beneficios obtenidos redundarían de forma "muy positiva" en sus cuentas anuales. El ente prevé entrar en beneficios en 2014. No obstante, esta cuestión dependerá de los accionistas. Mientras, la venta del 30% de Loterías podría suponer unos ingresos próximos a los 3.500 millones de euros, según diversas estimaciones.
Por otro lado, el Estado aún conserva en su poder participaciones en empresas cotizadas en bolsa por un valor superior a los 2.000 millones de euros. El proceso de privatizaciones emprendidas desde 1992 ha aportado a las arcas públicas unos ingresos de 42.164 millones de euros. Curiosamente, 2009 ha sido el segundo ejercicio desde 1992 (el anterior fue en 2004) que se cerró sin ingresos por privatizaciones.