LD (Europa Press) Este plan no tiene previsto recuperar la concesión de préstamos debido al severo nivel de las deudas que los activos tóxicos han dejado en los bancos y la falta de confianza aparejada.
Por ello, ante los "tiempos extraordinarios" que atraviesa la economía, el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, reconoció hoy en la presentación de las medidas la necesidad de adoptar "acciones sin precedentes", entre las que destaca un proyecto de garantía con el que el Estado asegurará las ingentes pérdidas previstas por las entidades financieras como consecuencia de estos activos tóxicos.
Una decisión similar a la adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos, que optó sin embargo por adquirir deuda, en lugar que cubrir riesgos como ha hecho Londres, y que aspira a otorgar la confianza necesaria a los bancos para recuperar la circulación de crédito, congelado en los últimos meses pese al plan de rescate inicial promovido por Reino Unido en octubre y adoptado posteriormente por las principales economías del planeta.
Sin embargo, en su intervención de hoy en la residencia oficial de Downing Street junto a su ministro del Tesoro, Alistair Darling, Brown reconoció que aquel paquete, suscrito por los ocho gigantes británicos y valorado en un total de 500.000 millones de libras, sirvió para "evitar el colapso", pero no para reactivar el flujo normal de préstamo, afectando en primera instancia al funcionamiento del sistema y, finalmente, trasladando sus efectos a las familias y los negocios británicos, principales destinatarios de este nuevo plan, según el primer ministro.
Las nuevas acciones incluyen además una partida de 50.000 millones de libras con la que el Banco de Inglaterra (BoE) podrá comprar activos directos, no sólo de los bancos, sino de cualquier compañía, pero Brown subrayó que en ningún caso el plan supone un "cheque en blanco". "Estarían malinterpretando la situación", advirtió, puesto que las entidades financieras deberán suscribir un "acuerdo de responsabilidad de préstamo" con compromisos "precisos y claros" sobre su intención de garantizar la reactivación del crédito.
Tóxicos
En este sentido, los bancos alegan que la extensión de la deuda a sus balanzas de capital les impide de forma efectiva aceptar nuevos créditos o recuperar las prácticas normales, de modo que, hasta que el balance quede liberado de este endeudamiento, la crisis continuará. Por ello, el Gobierno británico ha afrontado finalmente este último resorte con la habilitación de un proyecto de garantía frente a las pérdidas que generen los activos tóxicos y que obligará a los que se sumen a pagar una cantidad al Estado en concepto de cobertura.
En consecuencia, las autoridades del Tesoro ignoran todavía el montante global que alcanzará este nuevo plan, puesto que dependerá de los acuerdos individuales que establezca y las fórmulas por las que apuesten las compañías, que en cualquier caso afrontarán severos requisitos sobre su intención de rehabilitar el crédito como condición para beneficiarse de las medidas.
"El problema es simple: hasta ahora había una total falta de transparencia y no se sabía cuánto se estaba prestando", resumió Brown, puesto que, debido al colapso de los mercados, las compañías no podían establecer cuánto podían prestar. Por ello, los términos acordados obligarán a informar del total que prevén perder para que, a continuación, el Gobierno conceda un seguro que cubriría en torno a un 90 por ciento y por el que las entidades tendrán que pagar, aunque no con acciones.
Comportamiento "irresponsable" de los bancos
Según Brown, se trata de una medida "temporal" basada "más en préstamos que en participaciones" y que implicará a los activos más afectados por una crisis cuya deriva atribuyó al comportamiento "irresponsable" de los bancos, entre los que destacó especialmente el del Royal Bank of Scotland, que ha tenido que ser rescatado por Lloyds en una operación monitorizada por el Gobierno y que a finales de febrero presentará las mayores pérdidas de la historia corporativa británica, 31.000 millones de euros, según las estimaciones adelantadas hoy por la entidad.
No obstante, el primer ministro advirtió de que, pese a su "enfado por esta situación, el coste de no hacer nada sería peor", y subrayó que las acciones "no son ayudas para los bancos, sino para los negocios y las familias", víctimas de los "errores" de las entidades. "Pero reconocer la rabia no es suficiente, debemos centrarnos en el problema y establecer cómo estimular de nuevo el préstamo", explicó.
Contacta con Zapatero y otros líderes europeos
Además, asumió que la eficacia de las medidas dependerá también "de lo que tarden otros --países-- en adoptarlas" puesto que, a su juicio, esta crisis "global" requiere de acciones coordinadas que, en su opinión, verán de nuevo a otros ejecutivos seguir la senda trazada por el suyo como aconteció hace tres meses. Para ello, ha contactado ya con algunos de los principales mandatarios europeos, entre los que incluyó al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha planteado ésta como una de las cuestiones centrales de la cumbre que el G-20 celebrará el 2 de abril en Londres.
Aparte, está pendiente de concreción el destino de los 50.000 millones con los que el BoE podría comprar activos de cualquier compañía y que permitiría a la Comisión de Política Monetaria, responsable de fijar los intereses, valerse de este mecanismo para reconducir la evolución de la inflación, si bien los analistas advirtieron de la pérdida de valor a medida que la tasa se acerque a cero, ante la previsión de nuevos recortes en los próximos meses.
Por último, otras decisiones anunciadas hoy incluyen cambios para las entidades que han tenido que ser rescatadas. Así, Northern Rock, nacionalizada hace un año, ha visto ampliado el plazo para devolver el dinero al Gobierno y garantizar que puede mantener el préstamo. Por su parte, RBS verá cómo la participación del Gobierno pasa del 58 al 70 por ciento, tras convertir 5.000 millones de libras de acciones preferentes en títulos ordinarios, lo que le permitirá aumentar en 6.000 millones de euros la concesión de préstamos, al tener que abonar menos al Estado en concepto de intereses.