LD (EFE) Según la CE, al imponer determinadas condiciones para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria. Pero las autoridades españolas reaccionaron con tranquilidad a esta última amenaza e insistieron en que las condiciones a la OPA de E.On se ajustan a la normativa europea.
Madrid asume con naturalidad que esta disputa, de tipo jurídico, se resolverá ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y como la corte puede tardar hasta dos años en dictar sentencia en un caso como éste, no parece que el desacuerdo entre las autoridades nacionales y europeas vaya a tener gran efecto sobre los movimientos empresariales en torno a Endesa.
Las exigencias españolas a la OPA de E.On que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
Madrid asume con naturalidad que esta disputa, de tipo jurídico, se resolverá ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y como la corte puede tardar hasta dos años en dictar sentencia en un caso como éste, no parece que el desacuerdo entre las autoridades nacionales y europeas vaya a tener gran efecto sobre los movimientos empresariales en torno a Endesa.
Las exigencias españolas a la OPA de E.On que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
El Gobierno enviará mañana una carta a Bruselas en la que se reafirmará en los términos de las comunicaciones anteriores, es decir, insistirá en que las condiciones cumplen la legislación europea y en que esta postura se basa en razones demostrables. En cartas anteriores, el Ejecutivo español había repetido que las competencias relativas a la seguridad del suministro energético son competencia exclusiva de los Estados.
Las autoridades españolas contemplan con naturalidad que las diferencias de criterio con la CE se resuelvan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). La semana pasada, el Ejecutivo comunitario intensificó la presión sobre el Gobierno español y le dio un ultimátum de sólo siete días laborables (frente a los dos meses habituales) para que suprima los requisitos que considera incompatibles con la legislación comunitaria. Si no lo hace, advirtió Bruselas, podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Según la CE, al imponer determinadas condiciones para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.