El Ejecutivo ya está ultimando la nueva normativa a través de la cual pretende cambiar el modelo productivo español. Aunque el borrador del anteproyecto de Ley -al que ha tenido acceso el diario Expansión- no aporta detalles concretos, sirve para conocer cuales son las intenciones del Gobierno.
El objetivo es pasar de un crecimiento basado en la construcción, el turismo y las industrias auxiliares; a otro cuyos pilares sean la investigación, la "economía medioambiental" y el "conocimiento". Y este cambio no lo hará la relación entre oferta y demanda, sino el poder público a golpe de Ley.
El texto establece que el sector público "guiará" la inversión empresarial, en un claro ataque a la libertad de mercado en la deriva intervencionista que está realizando el Ejecutivo. En concreto, adoptará medidas para que las compañías que tienen presencia en el extranjero puedan vender sus productos gracias a la demanda exterior; ya que la interna está hundida.
"El apoyo a la implantación de una empresa en el exterior debe entenderse en sentido amplio, utilizando un abanico amplio de instrumentos para detectar aquella actuación donde exista un interés nacional que revierta en última instancia en un beneficio para las empresas y la economía españolas", indica el texto, adelantado por el diario de Unidad Editorial.
Y el dirigismo gubernamental va aún más lejos, ya que se obligará a las empresas a "informar el diseño de los futuros planes y programas de apoyo a la internacionalización". En cuanto a la financiación de los proyectos, se hará mediante créditos y avales del ICO, aunque en muchos casos serán las propias empresas las que tengan que poner dinero con los "programas de colaboración público-privada".
Pero ¿cómo se pagarán las ayudas a la internacionalización? El Estado tiene un déficit de más de 50.000 millones de euros, las emisiones de deuda para cubrir el agujero superarán los 100.000 millones al cierre de 2009 y el Gobierno gasta más del doble de lo que ingresa.
El borrador crea un Fondo de 20.000 millones de euros, de los que 10.000 serán aportados por el ICO y el resto por las Administraciones Públicas. El texto no especifica de dónde saldrá el dinero, aunque admite que "se crean instrumentos fiscales y financieros para cumplir los objetivos". Además, Moncloa quiere que el sector privado ponga una cantidad equivalente
Fiscalidad ambiental
El anteproyecto deja muy claro que el objetivo de la Ley es crear "un marco regulatorio de calidad" con el fin de "impulsar el crecimiento potencial", apostando "en su vertiente ambiental por iniciativas de crecimiento bajo en carbono y de una gestión responsable de los recursos naturales".
Aunque el texto no es concreto, adelanta que "se estudiarán mejoras en la fiscalidad medioambiental" y en el sistema tributario de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Siempre, claro está, "respetando" los "espacios fiscales" de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
De momento, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, descarta crear un "impuesto verde" similar al que implantará Francia y que está estudiando Alemania. Al menos eso ha asegurado al diario italiano "Il sore 24Ore", a pesar de que el borrador señala que se adoptarán las medidas necesarias para un "crecimiento bajo en carbono".
Eso sí, en el texto se incluye la eliminación de la deducción por la compra de vivienda, anunciada por el Gobierno, y la reducción de los impuestos que pagan las pymes, siempre que no despidan trabajadores.
Reducir la morosidad pública
Por otra parte, la Ley establecerá un calendario para el progresivo acortamiento de plazos de pago para las administraciones públicas, con el fin de reducir la morosidad, principalmente con los agentes "más vulnerables", las pymes.
El borrador contempla también la mejora de la regulación para que las asociaciones sectoriales puedan denunciar posibles "prácticas abusivas" en materia de plazos de pagos, así como la potenciación de procedimientos abreviados para reclamar deudas de las administraciones.
Todo ello con la finalidad de aplicar un marco legal "más ambicioso" para la morosidad, evitando que los deudores utilicen los plazos dilatados de pago como un mecanismo de financiación de bajo coste.
Organismos reguladores
La norma recoge, también, la "necesidad" de reformar los organismos reguladores. Para ello, se 
introducen las bases para una futura Ley de Reforma de Organismos Reguladores Sectoriales, con el fin de "reforzar la autonomía orgánica y funcional de estos organismos, mejorar su gobernanza y perfeccionar su mecanismo de rendición de cuentas, con nuevos procedimientos de consulta pública y de información al Parlamento".
Además, se potenciará la cooperación entre los distintos organismos reguladores, así como entre éstos y la Comisión Nacional de Competencia.
En materia de contratación pública, se "flexibilizará" el uso de los contratos de investigación y desarrollo, se agilizarán los plazos y los trámites dentro de la administraciones públicas y se aumentará la transparencia y la información relativa a la contratación a través de internet.
Asimismo, se impulsará la colaboración público-privada, clarificando el régimen de financiación y el colaboración y regulando los procedimientos para la modificación de las sociedades de "economía mixta". También se permitirá la colaboración público-privada en la contratación que efectúan las entidades públicas empresariales.
En relación a las licencias municipales, se propone limitar su exigilibilidad a determinados casos -en principio, aquellos en los que esté justificado "por el carácter no inocuo" de la actividad-. En otros casos, deberán sustituirse por instrumentos "menos intrusivos y más ágiles", como las declaraciones responsables o las comunicaciones de apertura.