LD (EFE) Según indicó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dos de cada tres trabajadores del régimen general se jubilan antes de dicha edad y el Ejecutivo se plantea "invertir esta tendencia", lo que requerirá eliminar algunas "rentabilidades perversas" que han causado una elevada cifra de prejubilaciones.
La propuesta de reforma, basada en las medidas propuestas en 2003 por la comisión de revisión del Pacto de Toledo, pretende "prolongar la vida laboral" sin elevar el límite de 65 años y cambiar la actual situación en la que, a partir de 60 años, los trabajadores "tienen más incentivos para dejarlo que para seguir" .
"Los únicos incentivos son para los empresarios y hay que lograr que la edad real se acerque a los 65 años, lo que hace necesario incentivar económicamente a los trabajadores, garantizarles que a más tiempo trabajado, mayor pensión", añadió el secretario de Estado. Aún así, Granado apuntó que "no es lo mismo pedir que se jubile a los 65 años a quien empezó a trabajar a los 30 años que a alguien que empezó a los 14", e indicó que algunos aspectos de esta reforma no entrarán en vigor hasta 2015 "porque también está pensada para quien empezó a trabajar en 1990 y no en 1970".
Asimismo, el Gobierno aspira a conseguir, según Granado, que la jubilación anticipada sea "un instrumento" para las situaciones de crisis industrial o de despido, pero que deje de ser utilizada por grandes empresas "para sanear su cuenta de resultados a cuenta del erario público". A su juicio, en España se han producido en los últimos años reconversiones industriales "traumáticas" de forma paralela a otras "blandas que ha pagado la Seguridad Social", e incidió en que el Gobierno pretende que a una empresa con beneficios "no le resulte rentable despedir a sus trabajadores".
Según el secretario de Estado, dado que el gasto de las pensiones en España se sitúa en el 8,19 del PIB y en el futuro alcanzará el 12 por ciento, es necesario acometer ahora y de manera "paulatina" las reformas para hacer "sostenible" el sistema público y evitar en el futuro "situaciones traumáticas o problemas de exclusión social".
Granado indicó que las medidas que planteará el Gobierno a los agentes sociales pretenden "garantizar la sostenibilidad" del sistema de protección y "consolidarlo" con especial atención a la mejora de las pensiones más bajas que, hasta 2005, "habían crecido durante muchos años por debajo de la riqueza nacional".
La propuesta de reforma, basada en las medidas propuestas en 2003 por la comisión de revisión del Pacto de Toledo, pretende "prolongar la vida laboral" sin elevar el límite de 65 años y cambiar la actual situación en la que, a partir de 60 años, los trabajadores "tienen más incentivos para dejarlo que para seguir" .
"Los únicos incentivos son para los empresarios y hay que lograr que la edad real se acerque a los 65 años, lo que hace necesario incentivar económicamente a los trabajadores, garantizarles que a más tiempo trabajado, mayor pensión", añadió el secretario de Estado. Aún así, Granado apuntó que "no es lo mismo pedir que se jubile a los 65 años a quien empezó a trabajar a los 30 años que a alguien que empezó a los 14", e indicó que algunos aspectos de esta reforma no entrarán en vigor hasta 2015 "porque también está pensada para quien empezó a trabajar en 1990 y no en 1970".
Asimismo, el Gobierno aspira a conseguir, según Granado, que la jubilación anticipada sea "un instrumento" para las situaciones de crisis industrial o de despido, pero que deje de ser utilizada por grandes empresas "para sanear su cuenta de resultados a cuenta del erario público". A su juicio, en España se han producido en los últimos años reconversiones industriales "traumáticas" de forma paralela a otras "blandas que ha pagado la Seguridad Social", e incidió en que el Gobierno pretende que a una empresa con beneficios "no le resulte rentable despedir a sus trabajadores".
Según el secretario de Estado, dado que el gasto de las pensiones en España se sitúa en el 8,19 del PIB y en el futuro alcanzará el 12 por ciento, es necesario acometer ahora y de manera "paulatina" las reformas para hacer "sostenible" el sistema público y evitar en el futuro "situaciones traumáticas o problemas de exclusión social".
Granado indicó que las medidas que planteará el Gobierno a los agentes sociales pretenden "garantizar la sostenibilidad" del sistema de protección y "consolidarlo" con especial atención a la mejora de las pensiones más bajas que, hasta 2005, "habían crecido durante muchos años por debajo de la riqueza nacional".