Según el Ministerio de Industria, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este domingo una subida del 9,8% en la Tarifa de Último Recurso (TUR) que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.
Desde que se liberalizó (aunque de una manera muy sui géneris, puesto que el Gobierno sigue teniendo la última palabra en numerosos aspectos) parcialmente el mercado eléctrico, los consumidores que tengan una potencia contratada inferior a 10 kW (el 90% de los hogares, 27 millones en total) pueden acogerse a la TUR. Por eso, la subida decretada este lunes afectará a casi todas las familias españolas.
Esta TUR se compone de los peajes eléctricos (55%), que remuneran los costes regulados del sistema (como transporte, distribución o primas a las renovables), y del coste de la energía (45%), cuya evolución depende en gran parte del resultado de unas subastas para el suministro a tarifa. La primera parte la establece el Gobierno, mientras que la segunda depende de una subasta a la que acuden las grandes eléctricas.
La última subasta arrojó un alza del 4,5%. Pero tras sumar pagos por capacidad, prima de riesgo, pérdidas, mercado de ajuste o apuntamiento, el incremento quedaba en el 21,3% que, trasladado a la TUR, arrojaba el incremento final de casi el 10%. El Gobierno podía haberlo evitado, reduciendo la parte de los peajes o aumentando el déficit de tarifa (lo que debe a las eléctricas por fijar el precio de la electricidad por debajo de su coste.
La factura
Este incremento supondrá un encarecimiento de la factura mensual de 4,25 euros de media por usuario, unos 51,1 euros anuales, según datos facilitados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Sin embargo, el Ejecutivo cifra esta subida en unos 3,2 euros al mes, según Pedro Marín, secretario de Estado de Energía.
La subida de la luz no afectará a los titulares del bono social, figura por la que el recibo eléctrico quedó congelado a precios de enero de 2009 automáticamente para los usuarios con potencias inferiores a los 3 KW, así como para los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y los pensionistas mínimos que lo soliciten.
Peajes y déficit
Para la revisión de enero, el Ejecutivo ha decido congelar los peajes, mientras que, según el sector, el coste energético se ha disparado un 16% por la subida de los precios fijados por subasta (entre el 1,8 y el 4,3%), el aumento del consumo en las horas más caras por la llegada del invierno (que encarece la energía un 9%) y el sobrecoste de determinados servicios (3%).
Pese al incremento de la TUR, el sector seguirá generando el denominado "déficit de tarifa", una deuda con las compañías que al cierre del año sumará más de 20.000 millones de euros y que se produce porque los ingresos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema.
El decretazo del jueves
Ya el jueves el Consejo de Ministros aprobó medidas urgentes entre las que destacan el establecimiento de un peaje por el uso de las redes a las empresas generadoras de 0,5 euros por megavatio hora y el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima a las plantas fotovoltaicas.
Con estas decisiones, el Gobierno intenta trasladar a las eléctricas y a los dueños de parques renovables parte del coste del incremento de la luz que se prevé para próximos ejercicios. De esta manera, las grandes compañías pagarán más por acceder a la red y las renovables verán caer drásticamente las ayudas que se les habían prometido. Es un intento de detener el déficit de tarifa, que acumula aún más presión a la ya delicada situación de las cuentas públicas españolas.
Las declaraciones: Pedro Marín
El secretario de estado de Energía, Pedro Marín, ha explicado que la subida del coste de la energía responde a tres variables, entre ellas "una subida de la energía en general" que presiona "cuatro puntos" al alza. "Nuestro 'pool' arroja aún de media precios inferiores a otros mercados, entre un 30% por debajo de Alemania y 50% por debajo de Italia, por lo que el mercado está funcionando bien", afirmó.
Otros tres puntos de incremento responden a un cambio en las pautas de consumo en los últimos meses, o a un "desplazamiento del valle a la punta en la demanda", indicó Marín, que también explicó que otros tres puntos responden a la aplicación del real decreto del carbón.
En total, hay cinco millones de potenciales usuarios del bono social y, para que todos ellos conozcan esta prestación, el Gobierno emprenderá una campaña informativa durante 2011, explicó el secretario de Estado de Energía.
Marín indicó además que, desde que se liberalizó el mercado, siete millones de hogares han decidido ya abandonar la TUR y contratar el suministro eléctrico en el mercado libre.