LD (EFE) El nuevo jefe del Ejecutivo explicó que su intención es "volver a poner a Francia en marcha" y para ello anunció una batería de medidas que su Gobierno aprobará, en algunos casos, por decreto y mediante reglamentos, para cumplir con su objetivo de ofrecer los primeros resultados en los primeros "cien días" de su Gobierno.
El paro en Francia llega al 10,2 por ciento de la población activa, la tasa más alta de los últimos cinco años. El "plan de urgencia" anunciado por el Ejecutivo supondrá el desembolso de 4.500 millones de euros suplementarios en 2006. De Villepin se comprometió a mantener el aumento del presupuesto nacional por debajo de la inflación el próximo año.
El riesgo de superar el límite de déficit impuesto por Bruselas y los “estrechos márgenes de maniobra presupuestaria” reconocidos por De Villepin, obligarán al Gobierno a suspender el compromiso de seguir reduciendo el impuesto sobre la renta. Chirac prometió rebajar este impuesto en un 30 por ciento en los cinco años de su mandato, mientras hasta ahora la reducción ha sido del 9 por ciento.
Las principales medidas anunciadas por Dominique de Villepin se refieren a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a la integración en el mercado de trabajo de los parados de mayores de 50 años y los jóvenes menores de 25 años. Además, De Villepin se comprometió a "sancionar los abusos" de quienes se aprovechan de las prestaciones por desempleo sin buscar trabajo. "Un trabajador no puede rechazar varias ofertas de empleo razonables", censuró el primer ministro, quien criticó que haya 2,5 millones de parados y "500.000 ofertas de empleo por cubrir".
De Villepin aseguró una rebaja de los costes sociales para las empresas, la “simplificación de las modalidades de contratación” para las pymes, la creación de un nuevo contrato fijo más flexible y la reducción de los costes que se imponen a las sociedades que superan el límite de los diez asalariados.
A modo de “señal fuerte del relanzamiento económico”, el primer ministro anunció igualmente la puesta en marcha de “grandes proyectos industriales y de infraestructuras” por parte del Estado. Estas inversiones se centrarán, principalmente, en el ámbito vial y ferroviario, y los fondos provendrán de la privatización definitiva de las sociedades de autopistas estatales.