LD (Lorenzo Ramírez) España está inmersa en la mayor crisis económica de su historia democrática que ha generado 4,36 millones de parados, según las últimas cifras de la Unión Europea. Familias y empresas carecen de recursos financieros y encontrar trabajo es una odisea, siempre que uno no sea funcionario amigo de algún político.
En enero de este año España alcanzó la nada honrosa cifra de tres millones de funcionarios. Si se tiene en cuenta que hay 18 millones de personas trabajando en España, la tasa de funcionarios es del 16,6%. Sus nóminas les cuestan a los contribuyentes 108.000 millones de euros.
Lo que es más preocupante de todo este proceso es que los licenciados universitarios y los desempleados prefieren convertirse en funcionarios que crear su propia empresa o simplemente trabajar en el sector privado. Esto puede lastrar aún más a la economía española, porque el sector público no crea empleo y cuando lo hace es a costa de disparar el gasto.
Esta tendencia no es exclusiva del Estado. Precisamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos han sido las Administraciones Públicas que más empleados han contratado en España en los últimos años y esta tendencia aumenta con el paso de los meses.
Fuente: Patronal catalana, con datos del Ministerio de Trabajo
Con la crisis y la sangría laboral aumentan los “asesores” y contrataciones “a dedo” que garanticen una nómina, con independencia del trabajo que en realidad desempeñen. Una cosa son los opositores y otra, bien distinta, los enchufados.
En el primer trimestre, la mayor subida en 6 años
El último informe en advertirlo es el publicado por IESE y Adecco. Según sus datos, en el primer trimestre de este año el volumen de contratos de empleados públicos se ha disparado un 5,4%, el mayor aumento de los últimos seis años. Sin embargo, en el mismo periodo las empresas han aumentado la destrucción neta de empleo un 8,1%.
Uno de los autores de este informe, Diego Barceló, pone sobre la mesa la raiz de este problema: “Las Administraciones conciben, erróneamente, el aumento de contrataciones como una contribución al bien común, pero al intentar reanimar la demanda equivocadamente el Estado no conseguirá los objetivos propuestos con el agravante de que vamos a tener más endeudado el sector público".
Este aumento de funcionarios está retocando los ya maquillados datos de desempleo que publica el Ministerio de Trabajo. La apuesta del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos es doble: por una parte se contratan empleados públicos y, por otra, se emplea el dinero de los contribuyentes para pagar puestos de trabajo temporales que no aumentan la productividad de la economía, es decir, el Plan E.
Como señala el profesor de la Rey Juan Carlos, Juán Ramón Rallo, “Si de lo que trataba todo era de esto, de tener ocupados a los españoles -y no de que generen riqueza- mientras la crisis seguía carcomiendo lo que erróneamente creímos que era una economía sólida y competitiva, Zapatero bien habría podido dar empleo no a apenas 25.000 ciudadanos, sino a 60 veces más”.
Así, prosigue, “es sencillo, basta con el dinero presupuestado en fondos de inversión local (13.000 millones de euros) se destine a contratar a 1,5 millones de españoles, pagarles durante un año un salario mensual de 700 euros y dedicarlos a las tareas más elementales que podamos imaginar: vigilar que la población de cabras salvajes no descienda, replantar árboles para que las ardillas puedan volver a circular por España y avisar a los servicios meteorológicos de que las nubes adelantan tormenta”.
Paradójicamente, las políticas activas de empleo brillan por su ausencia. Nadie en Moncloa se plantea reducir las cotizaciones sociales que pagan las empresas por los trabajadores, ni rebajas fiscales para los nuevos contratos, ni reformar una negociación colectiva que sólo beneficia a los trabajadores fijos que su desempeño diario es más bien deficiente. Es decir, nada que pueda molestar a CCOO y UGT.
En lugar de estas reformas estructurales que reclaman con urgencia organismos nacionales e 
internacionales como el Banco de España, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, o el Instituto de Estudios Económicos, entre otros, el Gobierno prefiere hablar de brotes verdes en el empleo gracias a que la cocina estadística del Ministerio de Trabajo hace horas extras, especialmente en campaña electoral.
Para el presidente del Gobierno existe ya “un cambio de tendencia” en la sangría laboral, un enfoque que comparte con el ministro Corbacho y con el responsable de Industria, Miguel Sebastián. Se olvidan de que para que la economía española cree empleo el PIB debe crecer al 2% y ahora, si se anualizan los datos trimestrales del Banco de España, la economía cae a un ritmo cercano al 8%.
Mientras, los funcionarios viven tranquilos. Han pactado un incremento salarial para este año que roza el 4% cuando estamos en la antesala de la deflación; se jubilan antes de los 65 años cobrando sus sueldos prácticamente íntegros y la mayoría de ellos tienen el puesto de trabajo asegurado. Volvemos a un país de empleados públicos y más Estado, eso sí, con una economía “verde” planificada, progresista y basada en prestaciones sociales. ¿Realmente estamos en el siglo XXI?