Según informa este martes Expansión, Bruselas rechaza que las operadoras de telecomunicaciones financien a TVE con una tasa media anual equivalente al 0,9% de sus ingresos y, por ello, prepara un expediente sancionador.
En septiembre pasado, España modificó el sistema de radiodifusión pública suprimiendo la publicidad y otras actividades comerciales de RTVE, tales como los servicios de televenta, la comercialización y los programas de acceso condicional o pago por visión.
Para compensar a la Corporación por la supresión de esa fuente de recursos, la ley previó unos ingresos específicos que serían generados por dos nuevas medidas fiscales y una medida ya existente.
Se trata, en primer lugar, de una aportación del 3% de los ingresos de los operadores de televisión comercial en abierto, y del 1,5% de los ingresos de los operadores de televisión de pago. En segundo lugar, de una aportación del 0,9% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones. Y, en tercer lugar, de un porcentaje del 80% de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta una cantidad máxima de 330 millones de euros.
En la actualidad, pese a que la Comisión Europea ha aprobado este martes el nuevo sistema de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), sigue investigando, en un procedimiento separado, la compatibilidad de los nuevos impuestos creados con la legislación europea, en especial, los que afectan a los operadores de telecomunicaciones.
Según Expansión, Bruselas tumbará esta medida financiera. Su decisión paralizaría la normativa española que pretendía que las operadoras aportasen el 0,9% de sus ingresos brutos anuales totales a la financiación de la televisión pública, y obligaría a devolver a las operadoras dichas cuantías ilegales.
Sin embargo, el Ejecutivo tiene un "plan B". El consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Ángel García Castillejo, tras su ponencia en el II Curso de Verano de la Patronal TIC, ha señalado que, si se confirma la decisión de la CE, "sólo hay una alternativa. Hay un plan B, que ya propuso el consejo independiente, el comité de sabios, que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE. En sus conclusiones, el Comité ofrecía como alternativa al modelo mixto de financiación (vía subvención e ingresos comerciales) un canon para el mantenimiento de la TVE".
García Castillejo considera que "ha llegado el momento de que los ciudadanos asumamos el pago de este canon para el mantenimiento de la TV pública. En mi opinión, el Gobierno tiene una fantástica oportunidad en la tramitación de la Ley de Economía Sostenible (LES) para asumir las recomendaciones del comité de sabios y acogerse a este plan B y ganar en progresividad: que la televisión pública se financie vía presupuestos y el resto con un canon que paguen los ciudadanos".
Por su parte, el presidente de la patronal tecnológica ASIMELEC, Martín Pérez, ha acogido con prudente satisfacción la presumible decisión de Bruselas de impedir que prospere la tasa a los operadores. "Al parecer Bruselas va a parar esa decisión la próxima semana", ha señalado Pérez para quien era "una injusticia grande que nos metieran en la dinámica del 0,9% de los ingresos para financiar RTVE. La medida no era legal y se van confirmando esas impresiones".
El propio presidente de ASIMELEC ha señalado que esta decisión obliga a "buscar una solución definitiva para financiar RTVE, como la hay en otros países. Las telecos tienen ya una fiscalidad alta como para contribuir a financiar la televisión pública".