Durante la comparecencia en la Comisión de Trabajo de Granado para explicar este asunto, los diputados populares José Eugenio Azpiroz y Ramón Aguirre hicieron responsable a Granado de dichas irregularidades y exigieron documentación y explicaciones sobre las mismas.
Azpiroz ha explicado en su intervención que la enajenación de esos inmuebles fue encomendada a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), una de cuyas labores es hacer tasaciones, pero éstas fueron encargadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, para luego homogeneizarlas.
Según el Tribunal de Cuentas, subrayó el diputado popular, no consta la previa autorización por parte del Ministerio de Trabajo para la enajenación de esos bienes inmuebles de la Seguridad Social. "Las Administraciones Públicas deben respetar la Ley, de la misma forma que se requiere a los ciudadanos".
Sobre el método de enajenación utilizado, Azpiroz señaló que "la legislación marca que sea a través de subasta pública; se puede entender que no haya sido el cauce más útil, a la vista de los datos que nos ha proporcionado, pero sí en cuanto a la garantía de publicidad". "La letra de la Ley es la que es", continuó, "no me la he inventado yo, ni lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular. Procesalmente, las formas que la Ley establece, no se han cumplido y por lo tanto se ha violado la Ley".
"No podemos discutir cuando es taxativo y claro el mandato que marca la Ley", indicó Azpiroz, que manifestó su preocupación "por qué no se cumpla la Ley formalmente, y que SEGIPSA no lo haya hecho, precisamente cuando es una de las funciones que tiene".
En este sentido, Azpiroz manifestó que "a lo mejor" habría que modificar el Real Decreto 1221, de octubre de 1992, de Patrimonio de la Seguridad Social, "si anquilosa la posibilidad de ejercer la venta de inmuebles por parte de la Administración Pública, pero mientras la ley existe, estamos obligados a su cumplimiento".
El PP solicitará información
Por su parte, Ramón Aguirre ha señalado que la muestra para la fiscalización de las enajenaciones de los inmuebles de 2005 "es insuficiente" (13 de los 316 existentes) para tomar un criterio de cómo se han llevado a cabo las conclusiones de la política de enajenación de la Seguridad Social. Por ello, anunció que su Grupo solicitará "los contratos con sus correspondientes subrogaciones" para poder analizar todas las cuestiones que Granado ha ido desgranando en su intervención.
También se interesó por si el Gobierno rechaza o defiende la reprobación del Tribunal de Cuentas en cuanto a que éste insiste en que encuentra injustificada la fundamentación para la homogenización que el Ejecutivo ha practicado. "¿Se ha tomado alguna precaución para evitar que se creen las condiciones para que existan actuaciones especulativas?", preguntó Aguirre.
"Le digo esto porque la cantidad de la que estamos hablando en las enajenaciones por el número de pisos y de locales no hay que despreciarla, estamos hablando de 70 millones de euros y nos gustaría saber si conoce la Seguridad Social o si ha puesto alguna prevención por si se han podido realizar operaciones especulativas", indicó.
Granado: "No ha puesto en peligro la situación del sistema".
Por su parte, Granado negó haber puesto en peligro la situación del sistema. El Tribunal de Cuentas presentó el pasado mes de diciembre un informe en el que se denunciaba "falta de transparencia" en los precios fijados en la venta de viviendas de la Seguridad Social, "muy inferiores" a los precios de mercado.
Durante su comparecencia, el secretario de Estado de Seguridad Social aseguró que desde 1996 hasta 2008 se han vendido un total de 1.556 viviendas por un importe total de 207 millones de euros. Además, criticó que la denuncia del Tribunal de Cuentas es de 2005 y que con anterioridad se había vendido viviendas tres veces más baratas que en los últimos años. Según indicó desde abril de 2004 no se ha llevado a cabo ningún nuevo contrato de arrendamiento en favor de ninguna persona física y que la Seguridad Social ha preferido dar un uso más social a los pisos vacíos.
Así, dijo que cuando el ocupó la Secretaria de la Seguridad Social en 2004 había 500 pisos vacíos, muchos de ellos sin inquilinos durante casi siete años. Sobre este asunto, añadió que, debido a los problemas de vivienda que tiene este país, "tener pisos vacíos no nos parecía bien", y tampoco "queríamos subastarlos", ya que de haberlo hecho, hubieran adquirido un precio "astronómico" en el mercado coincidiendo en los años del "boom inmobiliario".
Granado mostró su malestar por que se haya puesto en tela de juicio su honorabilidad y su trabajo, "ya que la sombra de la sospecha siempre queda", puntualizó.