L D (Agencias) A partir del 1 de julio las tarifas eléctricas integrales desaparecerían, y en su lugar aparecerán las denominadas TUR, o Tarifas de último recurso, para todos los usuarios con una potencia contratada que sea inferior a 10 kilovatios, que son la mayoría de hogares, tiendas y supermercados, tal y como denuncia el PP.
Según El País, el importe de éstas lo decidirá también el Gobierno, y lo aplicarán las compañías comercializadoras autorizadas. De modo que a partir de dicha cantidad, la contratada por nada menos que 23 millones de usuarios, los hogares y empresas negociarán en el mercado libre.
Además, en este contexto, dice El País, Industria se plantea subir hasta un 3 por ciento las nuevas tarifas de la luz en julio, en una subida que se añadiría a las registradas en enero, y no se revisará en los próximos seis meses: Sebastián también tiene previsto recuperar la revisión semestral de los precios.
La combinación entre dicha subida y las revisiones semestrales busca, por un lado, avanzar en la cobertura del déficit tarifario del sector, y por otro evitar un excesivo desgaste para el Ejecutivo, que de otra manera tendría que revisar las tarifas cada tres meses, dice el diario de Prisa. En cualquier caso, sí habrá subida, y pronto.
Las asociaciones de consumidores denuncian que este proceso se está realizando al margen del conocimiento de la mayor parte de la población. FACUA o la Comisión Nacional de Energía (CNE) señalan la necesidad de explicar el proceso.
El PP pide que Sebastián comparezca
Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso anunció que ha pedido que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, comparezca para explicar la subida de la luz de julio.
En un comunicado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Fátima Báñez, explicó que la "subida va a ser otro mazazo para las pymes y los autónomos" y que "una vez más no se ha buscado lo mejor para las familias", para las que se ha puesto "otra chinita en el camino".
No obstante, desde el Ministerio de Industria alegó, en cuanto a la información de El País, que es pronto para saber cuál será la subida, ya que primero hay que fijar la metodología con la que se calculará la Tarifa de Último Recurso, es decir, los precios máximos que podrán cobrar las compañías.
Báñez aseguró que "lo único que hace el Gobierno con cuatro millones de parados es subir los impuestos a las clases medias -al eliminar la deducción por compra de vivienda- y las tarifas de la luz". La portavoz del PP insistió en que con Zapatero "siempre pierden los mismos, las familias, las pymes y los autónomos".
Recordó que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en un informe del 28 de abril de 2009, reconoce que de los 13.698 millones de euros acumulados de déficit tarifario, sólo 1.522 corresponden al periodo 2000-2002, en tanto que no hubo déficit tarifario (peninsular) en 2003 y 2004.
Es a partir de 2005 cuando se acumuló el resto, dijo Báñez, por lo que "el 85 por ciento del déficit tarifario se produjo bajo el mandato de Rodríguez Zapatero".
A juicio de Báñez, el Ejecutivo ha obviado otros sistemas "beneficiosos para el consumidor" como incentivar el ahorro energético, aumentar la competencia en el sector o mejorar las inversiones en el ámbito energético para hacerlo más eficiente. Tampoco ha apostado por una inversión ordenada en energías renovables, mantenido una diversificación adecuada o incrementado la eficiencia energética de hogares y empresas.
Las nuevas tarifas no están aún aprobadas, aclara el diario El País. Las comercializadoras pueden buscar una nueva vía en el mercado libre con ofertas y dentro de los márgenes de compra y venta permitidos por el propio Gobierno. O bien ofrecer el nuevo servicio de TUR diseñado por Sebastián.
Si el usuario no se mueve y busca nuevas ofertas –tanto si tienen contratados menos o más de 10 kilovatios-, a partir del 1 de julio seguirá recibiendo el suministro como hasta ahora. Pero estos reacios al cambio, no obstante, recibirán un recargo del 5 por ciento trimestral, según El País. El Gobierno sólo tiene planeado habilitar un periodo de cambio que llegará hasta abril del 2010.
No obstante, del cambio se librarán, según El País, los consumidores con potencias mínimas de hasta tres kilovatios, los receptores de pensiones mínimas, las familias con todos sus miembros en el paro y las numerosas, que verán sus tarifas congeladas hasta 2012. Las eléctricas se harán cargo de la bonificación.