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El PP presentará querella criminal por calumnias contra el PSOE

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP de Andalucía, va a interponer una querella criminal contra Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista, por acusarles sin pruebas de financiar las protestas de funcionarios.

Cuenta Europa Press que la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, ha anunciado que su formación va a interponer una querella criminal contra el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, por acusar "de manera incierta" al partido de financiar a sindicatos que han mostrado su oposición al Decreto-Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz y que, según apuntaba el socialista, "han surgido hace 22 días".

Oña ha indicado que el PP-A ha tomado esta decisión ante el intento de Jiménez de "imputar o responsabilizar" al partido sobre un hecho "del que no da ningún fundamento, detalle o prueba de veracidad". Por ello, le ha instado a que demuestre sus "gravísimas" acusaciones. "De lo contrario ese farol, propio de un inmaduro de la política, le traerá consecuencias penales", ha afirmado la dirigente popular, quien ha destacado que "piensa el ladrón que todos son de su condición, ante la cantidad de casos que han salido a la opinión pública sobre sectarismo, discrecionalidad y presuntas irregularidades en el reparto de fondos públicos por parte del gobierno socialista".

En esta línea, Oña ha considerado que más le valdría al portavoz socialista hacer un "ejercicio de responsabilidad" explicando todos estos casos que se han dado en su partido. Además, ha subrayado que Jiménez tiene "tan pocos escrúpulos que inventa y engaña sin ningún pudor", demostrando, a su juicio, ser un "menor" de la política. Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP-A ha asegurado que Jiménez es un "indocumentado con todas las consecuencias" y ha recordado que fue él quien acusó a su formación de "robar" un documento público como era "el de los recortes sociales", que se debatió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Su currículum se va a basar exclusivamente en ser el insultador oficial del Parlamento andaluz", ha señalado Oña, quien ha subrayado que sus insultos "no ocultan una verdad que está en la calle de forma evidente, como es que los empleados del sector público de la Junta consideran que el decreto de reordenación de este sector es una auténtica chapuza".

El PSOE "saca a pasear su doberman"


En opinión de la dirigente popular, el PSOE-A en vez de intentar arreglar este decreto, "tan cuestionado y protestado", saca a pasear a su "dóberman" y se busca una "cabeza de turco", en referencia al cese de José Antonio Ortiz Mallol como secretario general de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. "Lo que debería haber hecho es afrontar el verdadero problema que radica en que este decreto está mal hecho", ha apostillado.

Al hilo de ello, ha considerado que el PSOE-A demuestra con esta actitud "que no soporta la libre expresión por parte de los funcionarios de la Junta, que no soporta que las protestas vayan dirigidas contra el gobierno socialista y que los trabajadores les acusen de enchufismo y de ser sectarios e injustos".

Finalmente, Oña ha insistido en que el PP-A quiere un sector público respetado porque proceda de la igualdad de oportunidades y de la libre concurrencia, añadiendo que su formación está en contra de la conducta continua del PSOE-A "comprando voluntades".

Bien coordinados UGT, CCOO y la Junta

Bien coordinados con la Junta, UGT y CCOO -que han pactado con la Junta el decreto en contra de todos los demás sindicatos que constituyen la mayoría en la Función Pública- denunciaron la existencia de grupos corporativos posicionados en contra del Decreto de Reordenación del Sector Público con la pretensión de "imponer el gobierno de los funcionarios" y reivindicaron su papel como sindicatos de clase en defensa de los intereses generales.

Tras reunirse con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el secretario de relaciones institucionales de UGT, Dionisio Valverde, dijo que las plataformas de funcionarios contra el decreto responden a intereses corporativos y apostilló: "No vamos a permitir que ningún pseudosindicato o grupos corporativos nos metan las cabras en el corral, vamos a responder con toda la energía y dureza que UGT tiene como organización".

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